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Las compras hechas por la Municipalidad de Asunción con motivo de la pandemia violaron la Ley de Contrataciones Públicas, la ordenanza que aprobó su Presupuesto del año 2020 y el más elemental sentido de la honestidad en la gestión administrativa, según se desprende del dictamen técnico preliminar, elaborado por la Contraloría General de la República. El extenso documento confirma lo que se venía denunciando desde hace meses, es decir, que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) perpetró una serie de graves ilicitudes para bien de ciertas firmas y para mal de toda la población asuncena. Atendiendo a este documento, puede afirmarse que es canallesco haberse aprovechado de la situación de emergencia causada por el coronavirus para, según fuertes indicios, desviar fondos públicos hacia bolsillos particulares: se habrían cometido las fechorías habituales en las contrataciones públicas, pero con el agravante de que se atentó contra la vida al malversar, presuntamente, fondos previstos para defenderla.
Como el Ministerio Público aporta elementos de juicio suficientes para que esta infamia sea castigada de acuerdo al Código Penal, se aguarda que sus autores, cómplices y encubridores sean pronto imputados. En este indignante asunto, “Nenecho” habría empezado por ignorar una ordenanza promulgada por él mismo, según la cual los procesos de contratación de la Dirección General de Reducción de Riesgos y Desastres (DGRRD) debían realizarse, como es obvio, “en estricto apego” a los principios de la Ley N° 2051/03. Uno de ellos es el de “transparencia y publicidad”, para que la sociedad y los proveedores efectivos o eventuales tengan toda la información relativa a la contratación, pero la Municipalidad no publicó los procesos en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), eludiendo así también la norma de la Ley Orgánica Municipal (LOM) referida al Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
Todo se habría hecho a escondidas para favorecer a cierta gente y sin coordinación alguna con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con lo que, cabe agregar, también se infringió el principio de “igualdad y libre competencia”: cualquier potencial proveedor o contratista solvente debe poder participar en iguales condiciones en los procedimientos de contratación. La Contraloría afirma que estos no se fundaron en datos que justifiquen la necesidad de comprar, como el tipo de bienes, su precio referencial y su destino; se prefirió adquirir un costoso detergente de origen francés, siguiendo el consejo verbal de un médico asesor de la DGRRD, antes que “otros insumos con especificaciones técnicas menos complejas, que cumplen la misma función y son de menor costo”: un tremendo derroche, por decir lo menos.
Dado que los pliegos de bases y condiciones no se ajustaron a las directrices de la DNCP para las contrataciones directas en el marco de la emergencia sanitaria, no se requirió la “autorización del fabricante o evaluador”, de modo que habría sido imposible juzgar la legalidad de la marca del detergente comprado ni su procedencia. Tampoco se fijaron requisitos en cuanto a la capacidad financiera y a la experiencia de los potenciales oferentes; puede añadirse que la Ley N° 2051/03 dice que solo son aceptables las ofertas de personas físicas o jurídicas con solvencia técnica, económica y legal, cuya actividad comercial esté ligada al tipo de bienes a contratar: la omisión referida permitió confabularse con unas oscuras firmas, alguna de ellas sancionada por la DNCP, gracias también a que los pliegos no exigieron la garantía de mantenimiento de la oferta, sino solo la de fiel cumplimiento del contrato, mediante una simple declaración jurada y no mediante una póliza de seguro o una garantía bancaria.
El siguiente pasaje del dictamen de la Contraloría puede entenderse como un rotundo resumen de los amaños en cuestión: “En varios procesos realizados en el marco de la emergencia covid-19 en el año 2020, la Municipalidad de Asunción invitó a participar de los llamados a ‘las mismas firmas’, (en negrita en el original) resultando todas ellas adjudicadas (...) se favoreció a un grupo de empresas en forma sistemática, vulnerando los principios generales de igualdad y libre competencia y transparencia y publicidad...”.
Como es de suponer que el grupo supo retribuir el favor recibido, el Ministerio Público también debería indagar al respecto, o sea, mostrarse mucho más interesado en este repugnante asunto que la Junta Municipal de Asunción, que en mayo de este año aprobó la rendición de cuentas del intendente Rodríguez, por doce votos a favor y diez en contra. En la oportunidad, el edil Julio Ullón (ANR) sostuvo que de los 18.000 millones de guaraníes gastados en la lucha contra la pandemia y el dengue, solo se rindió cuentas de tres mil millones; fue el único que se ocupó del tema antes de que Fabiana Benegas (ANR) pida el cierre de la lista de oradores, porque ya era “muy tarde”. Quizá no huelgue recordar que la LOM responsabiliza a los concejales con sus bienes por los perjuicios causados a la Municipalidad en el ejercicio del cargo, al haber autorizado actos y operaciones ilegales, a menos que hayan hecho constar su disidencia en el acta de la sesión. Por supuesto, el intendente y los funcionarios son penal y civilmente responsables por incumplir la ley.
La Municipalidad tendrá la ocasión de ofrecer su descargo ante las severas observaciones de la Contraloría. No es arriesgado presumir que mucho le costará justificar unos desafueros de pública notoriedad que ponen contra las cuerdas a “Nenecho” y los involucrados, que fueron tan torpes que las componendas contractuales saltan a la vista. Actuaron sin disimulo porque confiaban en su impunidad. Es de esperar ahora que el Ministerio Público primero y el Poder Judicial sean implacables en el cumplimiento de su deber en este deplorable asunto que, conforme al dictamen preliminar de la CGR, perjudica gravemente a los contribuyentes.