Escándalos sacan a la luz el verdadero rostro de la Justicia

Del escandaloso episodio que envolvió y sigue envolviendo a la CSJ, se esperaba al menos que se tuviera una salida institucional, para recuperar algo del hoy ya devaluado prestigio de esa institución, pero no fue así sino más bien contribuyó a su descrédito. El correcto ejercicio de una alta función pública exige algo más que idoneidad, honestidad y dedicación: tiene singular importancia el decoro, que no ha tenido el ministro Eugenio Jiménez Rolón, al terminar aceptando un cargo que no deseaba ocupar y el que poco menos se le estaba imponiendo a la fuerza. Si todo esto está ocurriendo en las más altas esferas judiciales, es como para preocuparse aún más sobre la clase de justicia que viene recibiendo y va a recibir el vapuleado Juan Pueblo.

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Del escandaloso episodio que envolvió y sigue envolviendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que involucra a sus miembros, se esperaba al menos que tuviera una salida institucional, para recuperar algo del hoy ya devaluado prestigio de esa institución, pero no fue así sino más bien contribuyó a su descrédito.

El correcto ejercicio de una alta función pública exige algo más que idoneidad, honestidad y dedicación: en el caso de un magistrado, tiene singular importancia el decoro, que no ha tenido el Dr. Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la máxima institución judicial, al terminar aceptando un cargo que no deseaba ocupar y el que poco menos se le estaba imponiendo a la fuerza. Se sometió a la voluntad de una mayoría que hasta lo habría amenazado, según sus propias palabras: “Acá hay amenazas y todo (...). Después de la amenaza reciente, me siento en un patíbulo”. Gravísima acusación: amenazas nada menos que en la cabeza del Poder Judicial, inconcebible en un país que se precie de serio. Aludió quizá a la proferida por su colega Carolina Llanes, al recordarle que debía asumir “las consecuencias inherentes a no cumplir con un juramento”, esto es, con el que prestó al asumir el cargo en 2018. Podría entenderse que la advertencia insinuaba una destitución por la vía del juicio político, como si esta medida no dependiera del Congreso, sino del arbitrio de la propia CSJ. Empero, el conminado acabó agachando la cabeza para no perderla en el “patíbulo”, exhibiendo una paupérrima autoestima y una cobardía moral impropia de un magistrado.

Uno de los requisitos constitucionales para integrar la Corte Suprema de Justicia es precisamente “gozar de notoria honorabilidad”. Y bien, no es nada honorable someterse a una imposición, desairando a la vez a los ministros Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, que apoyaron la posición inicial del arrepentido. Alega que se humilló “por respeto a la institucionalidad de la República y la independencia del Poder Judicial”, lo que, de esta manera, conllevaría dejar impune el grave cargo de las amenazas que se habrían producido entre los propios ministros.

Por lo demás, salvo que tenga informaciones hasta hoy no develadas, cuesta entender en qué medida esa “institucionalidad” y esa “independencia” pudieron haber sido quebrantadas a raíz de su negativa a ocupar la Vicepresidencia 2ª del organismo colegiado. Mientras el sumiso ministro no dé a conocer eventuales entretelones graves, sus altisonantes palabras solo pueden ser calificadas de pretextos para la claudicación personal. Su falta de entereza es incompatible con la dignidad del cargo que ocupa, tanto como lo es lanzar amenazas absurdas en una sesión extraordinaria.

Si este es el nivel moral e intelectual de quienes encabezan la judicatura, hay motivos más que suficientes para que la ciudadanía esté bastante alarmada y tema que sean muchas las fechorías cotidianas que no salen a la luz. En ese contaminado ambiente, el grotesco Antonio Fretes no sería un cuerpo extraño, sino un cabal representante de la mediocridad y de la desfachatez que, por lo demás, distinguen a gran parte del Poder Judicial. Siendo así, es inevitable preguntarse cómo es que personajes de esta calaña han llegado a encumbrarse en uno de los Poderes del Estado, tras haber sido preseleccionados por el Consejo de la Magistratura (CM) y nombrados por la Cámara Alta, con acuerdo del Poder Ejecutivo. Se diría que si superaron esos “filtros” es porque tampoco la mayoría de sus integrantes descuella por sus virtudes cívicas, lo que mucho dice acerca de la calidad de la clase dirigente de este país.

El patético caso del Dr. Jiménez Rolón mancilla notablemente su prestigio y enloda aún más la deplorable imagen de la administración de Justicia. Los paraguayos no tienen por qué ser castigados con el espectáculo de los escándalos que se suceden en torno a ella, incluyendo los del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el CM. Si se ha llegado a tal extremo es presumiblemente porque el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis. Si todo esto está ocurriendo en las más altas esferas judiciales, es como para preocuparse aún más sobre la clase de justicia que viene recibiendo y va a recibir el vapuleado Juan Pueblo.

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