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En noviembre de 2020, el abogado Jorge Bogarín Alfonso fue electo como representante de su gremio ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que propone las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales. Llegó a presidirlo en 2022, siendo ilegalmente reelegido este año; la decisión fue pronto revocada tras las protestas ciudadanas, no sin antes haberse evidenciado su escaso apego a la ley. Es imposible que, como titular del alto cuerpo, no conozca la normativa que prohíbe la reelección en ese cargo.
Y bien, la prensa acaba de publicar una foto del perfil público de Bogarín Alfonso, de octubre de 2020, que muestra al abogado Marco Aurelio González, su entonces jefe de campaña para la elección gremial que lo llevaría al CM, en compañía, entre otros, del exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio. Este último guarda prisión preventiva desde marzo de 2022, imputado por los hechos punibles de lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, luego de la Operación A Ultranza PY. Al pie de la foto que difundió a través de una red social, Bogarín Alfonso escribió: “Agradezco el apoyo del Presidente de la Cooperativa San Cristóbal y diputado nacional Juan Carlos Ozorio, con quien compartimos los mismos principios de solidaridad y compromiso social”. Tan “solidario” fue Ozorio que, tal como se viene publicando, repartió créditos de la mencionada cooperativa a numerosas personas que no tenían la capacidad de pago necesaria, quedándole así numerosos “clavos” que está esforzándose por cobrar.
Es cierto que hasta entonces nada se sabía de las supuestas actividades ilícitas del exlegislador, pero llama la atención que la instantánea se haya mantenido en la cuenta de Instagram de Bogarín Alfonso al menos hasta ayer, como si no afectara la imagen del Consejo de la Magistratura: se ve muy mal que uno de sus miembros siga luciéndose con un recluso de la cárcel de Emboscada: por muy agradecido que esté, debería respetar la dignidad del cargo que ejerce.
En cuanto a Marco Aurelio González –gerente con permiso de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay– se está postulando nada menos que para ministro de la CSJ: obtuvo el máximo puntaje posible en el examen sobre conocimientos generales y específicos, luego anulado por sospechas de fraude; por su exposición en la audiencia pública, obtuvo nuevamente máximo puntaje de los consejeros Jorge Bogarín Alfonso y Gustavo Miranda, el representante de los profesores de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional ante el CM, que tiene como suplente –qué casualidad– nada menos que a Marco Aurelio González (!), todo lo cual da para pensar que habría una “rosca” compuesta por los tres nombrados.
Siendo este último muy amigo del primero, como cabe presumir, es pertinente recordar que el art. 13 de la Ley N° 296/93 ordena que los miembros del Consejo de la Magistratura se excusen por escrito cuando estén comprendidos con un candidato en cualquiera de las causales previstas en los arts. 20 y 21 del Código Procesal Civil: el primero menciona la “amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato”, entre otras causales. Al no excusarse, Jorge Bogarín Alfonso ignoró la ley y la moral, para complacencia de su exjefe de campaña.
El caso referido muestra que la ambición de ocupar un alto cargo público puede hacer trizas la decencia, afectando gravemente la credibilidad de las instituciones: si Marco Aurelio González lograra su objetivo en mala hora y el caso de Juan Carlos Ozorio llegara por alguna razón a la Corte Suprema de Justicia, el exdiputado bien podría contar con al menos un voto seguro, ya que tampoco él tendría el “decoro o la delicadeza” de inhibirse. Según la Constitución, uno de los requisitos para integrar la máxima instancia judicial es “gozar de notoria honorabilidad”: ¿goza de ella el susodicho? Los consejeros solo pueden ser removidos mediante el juicio político, si delinquen o desempeñan mal sus funciones: Jorge Bogarín Alfonso las está desempeñando de la peor manera.
Por lo que se ve, los abogados tendrían que pensarlo dos veces antes de elegir a sus representantes, sin dejarse guiar por el carnet partidario. Vale apuntarlo porque la politiquería incide bastante, incluso en la elección de los representantes de los profesores de Derecho, con lo que se desvirtúa el espíritu de la ley suprema; ella podrá estar bien diseñada, pero sus fines no serán alcanzados si los ciudadanos se dejan guiar por el partidismo o el amiguismo, para no hablar de la corrupción pura y dura. El mero hecho de que Jorge Bogarín Alfonso haya llegado a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –que integra en representación del CM– dice mucho acerca de la pésima calidad de nuestras instituciones. Resta la pregunta de si su compañero de ideales Juan Carlos Ozorio lo apoyó como colorado o como presidente de una cooperativa, ya que no es abogado. Lamentablemente, esta clase de hechos no perturba el sueño de los responsables de nuestro sistema de Justicia.