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El 9 de diciembre de 2021 y bajo la presidencia del hoy gobernador electo de Cordillera, Denis Lichi (ANR), Petróleos Paraguayos (Petropar) firmó un contrato por valor de 195.299 millones de guaraníes con Estructura Ingeniería SA (EISA), de los cuales ya desembolsó la friolera de 41.815 millones, para la construcción de una nueva línea de molienda en su planta de alcohol de Mauricio José Troche. Entre los antecedentes de la citada firma figura que fue denunciada por incumplimiento de contrato tanto con el Ministerio de Educación y Ciencias como con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. El año pasado, habría dejado obras inconclusas en 79 escuelas en cinco departamentos e incurrido en retrasos y además registra mala ejecución de los trabajos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, siendo denunciada por sus trabajadores por retrasos en el pago de salarios y en los aportes al Instituto de Previsión Social, que también se valió de otras empresas de su dueño, para la limpieza de los sanitarios de sus edificios.
EISA pertenece a Alberto Palumbo, allegado al “significativamente corrupto” Hugo Velázquez, el ahora oculto vicepresidente de la República que, puede pensarse, bastante habrá tenido que ver con la buena suerte del empresario en materia de contratos con entidades públicas. En el que celebró con Petropar, llamó muy pronto la atención la elevada suma convenida, más aún atendiendo que EISA habría adquirido el “nuevo” tren de molienda de una empresa alcoholera brasileña que había cerrado sus operaciones. El 22 de diciembre de 2021, el presidente de la empresa estatal, Pedro Román, refutó esa información ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que todo el equipamiento sería nuevo; declaró más tarde que los pedidos ya se hicieron, que ya se pagaron y que estaban siendo fabricados por cuatro firmas brasileñas, entre ellos un turbogenerador encargado por la empresa Turbimaq/WEG; su gerente comercial Silvio Silas tuvo a bien desmentirlo: nada de eso habría ocurrido, en lo que a ella respecta.
El equipamiento debía haber sido instalado, a más tardar, el último 17 de febrero, algo que hasta hoy no ha pasado; es más, el presidente de Petropar anunció que las piezas llegarían recién entre octubre y noviembre próximos, para luego ser ensambladas. Tampoco se sabe nada de los informes mensuales que debía presentar la firma GM Ingeniería, cuyo “responsable” es el comisario retirado Conrado Samudio, acerca de los avances de los trabajos y del equipamiento; se sabe, en cambio, que Petropar ya le habría pagado nada menos que tres mil millones de guaraníes. Si recibe esos reportes con toda regularidad, tendría que darlos a conocer a la opinión pública, que tiene derecho a acceder a una fuente pública de información. La alarmante cuestión se agrava ante el silencio de la DNCP, que se limitó a aceptar tácitamente que toda la línea de molienda sería “de primera mano”. Aparte de eso, ¿preguntó a EISA por qué no fue entregada dentro del plazo contractual y puede averiguar si Petropar efectuó en verdad algún pago a la firma Turbimaq/WEG?
Todo esto huele muy mal, sobre todo debido a la evidente contradicción entre los dichos del gerente comercial de esa empresa y los del presidente de Petropar. Hay mucho dinero en juego y no puede descartarse que el reciente calendario electoral haya influido de algún modo en los desembolsos referidos. Por de pronto y ante la displicencia de la DNCP, ya convendría que la Contraloría General de la República haga un examen especial del maloliente caso, sin perjuicio de que el Ministerio Público apronte por su parte una investigación penal. Los antecedentes de EISA y de Petropar, así como la falta de transparencia, hacen temer que se haya urdido un negocio ilícito de gran magnitud. Es preciso que se pongan todas las cartas sobre la mesa, cuanto antes.
El buen sentido y la vasta experiencia acumulada con la corrupción rampante aconsejan poner bajo la lupa este emprendimiento desde ya sospechoso. Aún se está a tiempo de evitar males mayores que el ya considerable retraso en la ejecución del contrato. Que las cuentas sean claras para que la empresa pública en cuestión pueda disipar lo que a estas alturas es presumible. Si todo marcha bien, nada tendría que esconder. Bastaría, por de pronto y para tranquilidad de todos, que presente el subcontrato con la firma Turbimaq/WEG y el recibo del anticipo que se le habría abonado.