Insistimos: hay que eliminar el Consejo de “Administración” del IPS

La enorme mayoría de los aportantes del IPS, al igual que el resto de los consumidores y productores del país, sufrieron el año pasado las consecuencias de la guerra en Ucrania y la suba del dólar con aumentos permanentes del precio de los combustibles, que siguen muy por encima de los valores anteriores a la crisis, pero no así sus “representantes” en el Consejo de Administración, a quienes esos mismos aportantes les costearon sin ninguna justificación admisible cerca de 25.000 litros entre enero de 2022 y enero de 2023, suficientes para dar cinco veces la vuelta al mundo. El Consejo del IPS debe ser eliminado. No sirve absolutamente para nada más que para rifar el dinero de los asegurados.

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La enorme mayoría de los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), al igual que el resto de los consumidores y productores del país, sufrieron el año pasado las consecuencias de la guerra en Ucrania y la suba del dólar con aumentos permanentes del precio de los combustibles, que siguen muy por encima de los valores anteriores a la crisis, pero no así sus “representantes” en el Consejo de Administración, a quienes esos mismos aportantes les costearon sin ninguna justificación admisible cerca de 25.000 litros entre enero de 2022 y enero de 2023, suficientes para dar cinco veces la vuelta al mundo. El Consejo del IPS debe ser eliminado. No sirve absolutamente para nada más que para rifar el dinero de los asegurados entre media docena de privilegiados y sus padrinos.

El nuevo escándalo sale a la luz a raíz de un recurso de amparo presentado por el Sindicato de Profesionales Administrativos del IPS, al que originalmente se le había negado el acceso a la información. Los datos son incompletos, pero permiten corroborar claramente el discrecional despilfarro de los recursos del ente en este rubro particular, que es apenas uno de muchos que demuestran la formidable repartija del ahorro compulsivo de los trabajadores y de las cargas laborales de las empresas formales del país.

De acuerdo con la planilla presentada por orden judicial, el presidente del Consejo y del IPS, Vicente Bataglia, retiró en ese lapso combustibles por 59.489.719 guaraníes; el “consejero obrero”, Gustavo Ramón Arias, por 57.039.875 guaraníes; el “representante” del Ministerio de Salud Pública, Ricardo Vicente Oviedo, por 46.899.971; la del Ministerio del Trabajo, Ludia Silvera, por 24.379.277 guaraníes; el de los “empleadores”, Miguel Doldán, por 22.795.889 guaraníes; y no figuran datos del “representante” de los jubilados, Rodolfo Brítez Ferreira.

Por un lado, no existe posibilidad material de que los consejeros utilicen el equivalente de esos montos en combustibles para uso personal, y mucho menos en el cumplimiento de sus supuestas funciones. Para tener una idea, con 59 o 57 millones de guaraníes, que es lo que figura, utilizaron con sus tarjetas el presidente y el consejero obrero, se pueden adquirir alrededor de 5.900 y 5.700 litros de nafta súper o diésel premium, respectivamente. Cualquier vehículo convencional moderno, ya exagerando, consume cuanto mucho un promedio de 15 litros cada 100 kilómetros. Tuvieron que circular 100 kilómetros por día, todos los días de su vida, durante más de un año sin interrupción.

Mínimamente deberían explicar en qué concepto usaron semejantes volúmenes solventados por la previsional, justo en momentos en que los precios trepaban a las nubes y en coincidencia con la campaña electoral, en la que, por ejemplo, el “obrero” Gustavo Arias, propuesto por la Central Nacional de Trabajadores, fue precandidato a senador suplente en las internas del Partido Colorado.

Pero, por otro lado, al margen de lo anterior, ¿por qué razón los aportantes del IPS tendrían que pagarles el combustible a consejeros que, por lo demás, poco y nada hacen por la institución? Cada uno de ellos cobra “sobre la mesa” 17 millones de guaraníes por “dieta”, más 12 millones por “bonificación de consejero”, más 3 millones de “gastos de representación”, lo que totaliza una asignación mensual bruta de 32 millones de guaraníes, sin considerar el aporte patronal del IPS al fondo jubilatorio en carácter de empleador. Además, cada uno goza de una multiplicidad de prerrogativas, más beneficios por tráfico de influencias y nepotismo, más una cantidad impresionante de funcionarios a su disposición.

En los papeles el Consejo es el encargado de definir las políticas y de aprobar o rechazar las grandes decisiones del IPS, pero en la práctica solo actúa como una instancia validadora, prácticamente consultiva en el mejor de los casos. Al presidente y a los miembros de los ministerios de Salud y del Trabajo los designa directamente el Poder Ejecutivo. El primero decide cuál será la agenda y tiene voto de desempate, lo que le asegura el control y la mayoría al gobierno de turno y deja a los integrantes del sector privado poco menos que como costosos floreros. A estos también los nombra el Poder Ejecutivo, pero a partir de ternas propuestas, en teoría, por las centrales obreras, las asociaciones de jubilados y pensionados y la Feprinco, todos ellos de dudosa representatividad.

Como los miembros no tienen funciones ejecutivas, tampoco tienen que rendir cuentas sobre los manejos administrativos. Y dado que la Presidencia tiene la mayoría de facto, si alguien está en desacuerdo le basta con votar en disidencia, sin que ello cambie nada. Con eso se lavan las manos. Es rarísimo que por lo menos salgan a denunciar, y mucho menos a renunciar.

Si el Consejo tuviera alguna utilidad real, el Instituto no estaría en la situación en que está, con un fondo de salud en virtual quiebra, un fondo de jubilaciones con serios problemas a futuro, con una evasión directa e indirecta del 90%, con multimillonarias pérdidas nunca aclaradas y con un ente en el que, por ejemplo, se aprueban contratos colectivos que permiten hasta 266 días de licencia al año. El IPS no necesita un consejo, sino un órgano profesional de supervisión independiente y superior que garantice el cumplimiento de ratios de solvencia y normas internacionalmente aceptadas, y que deslinde las responsabilidades individuales de los administradores.

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