Cargando...
El presidente electo Santiago Peña había dicho que esperaría la proclamación oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral para dar sus siguientes pasos públicos y empezar a dar nombres de integrantes de su gabinete. Cumplida esa formalidad, la ciudadanía está muy expectante. Si bien la tarea de seleccionar a las personas correctas para conformar su equipo de trabajo es delicada en todos los órdenes, incluyendo el político, por el bien de la marcha del país y de su propia futura gestión es importante que lo haga cuanto antes, por lo menos en las áreas claves, como hacienda, educación, salud, seguridad y energía.
La experiencia ha demostrado que delegar todo en un pequeño grupo de transición no es suficiente, apenas sirve para que la administración entrante se asegure de que la saliente no tome medidas que comprometan más de lo estrictamente necesario el flujo de caja, con el resultado de una exasperante paralización, ni unos hacen ni otros dejan hacer, prácticamente todo –excepto, claro, el pago de sueldos y el costo del funcionamiento del Estado– queda para después del 15 de agosto.
Al aplazarse la designación de ministros se pierde un tiempo precioso que deberían utilizar para interiorizarse a fondo del estado de las instituciones que van a manejar y de sus próximas funciones, para poder así ejercerlas con eficacia inmediatamente al asumir, sin tener que dedicar un período de adaptación y conocimiento a posteriori.
En las áreas mencionadas eso puede ser crucial no solamente por la complejidad propia de las mismas, sino por la delicada situación que atraviesan. Un claro ejemplo de ello lo acaba de dar Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central durante el gobierno de Horacio Cartes y uno de los que se menciona como posible próximo ministro de Hacienda. En declaraciones a ABC Cardinal dijo que el déficit fiscal real es mucho mayor que el nominal del 3,5% del PIB, probablemente esté en torno al 5%, debido a las “deudas flotantes”, que son gastos ya asumidos pero no contabilizados, principalmente en obras públicas y salud. Señaló que no se pueden hacer planes si no hay dinero para ello, por lo que la prioridad es trabajar de manera urgente en un cronograma de convergencia de ese déficit a niveles más razonables, para ampliar las posibilidades reales de financiamiento.
En materia de educación, el próximo ministro jurará en pleno año lectivo. Si su nominación es a última hora, no le quedará mucho por hacer más que continuar con lo mismo hasta el fin de las clases y, para entonces, ya probablemente estará consumido por la vorágine, las siguientes licitaciones, las protestas de los docentes, el presupuesto, y ya simplemente seguirá la inercia de siempre. En cambio, este es un momento ideal para conversar con los distintos estamentos y pensar en cambios estructurales en una educación pública que imperiosamente necesita ser evaluada y mejorar, que ya estaba en un estado crítico antes de la pandemia, que sin dudas cayó a niveles calamitosos con casi dos años de interrupción de las clases presenciales y que no da señales de recuperación.
Otro campo que no admite demoras es la conformación de un equipo para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo para su revisión se abre justamente en coincidencia con la toma de posesión del nuevo gobierno, al cumplirse en agosto los 50 años de su vigencia. Para entonces ya tendrían que estar decididos los lineamentos y objetivos estratégicos. No es suficiente decir que Paraguay se concentrará en utilizar toda su porción de energía de la central porque, en el mejor de los casos, faltan todavía diez años para que eso sea una realidad, y eso sin contar Yacyretá. Mientras tanto, Paraguay sigue teniendo un sobrante de alrededor de 20 millones de megavatios/hora al año en Itaipú que hoy prácticamente regala al Brasil. Cuanto más tiempo pase, más recursos legítimos perderá el país por el aprovechamiento de su 50% del potencial energético del río Paraná.
Aparte de la obvia utilidad de aprovechar el tiempo en todo lo posible, hay también otras razones igualmente importantes. El retraso en la definición de las cabezas visibles en las distintas esferas aumenta la desorientación general. Los agentes económicos se tienen que guiar por rumores o información no confirmada para tomar sus propias providencias sobre sus inversiones y la marcha de sus negocios, lo que generalmente se traduce en una prudente espera hasta que las cosas estén más claras, ver quiénes estarán a cargo y cómo se comportan. En el ámbito político, por su parte, se produce un formidable enjambre de intrigas, pequeñas conspiraciones, acomodamientos, cepilladas, lo que también, por ejemplo, indirectamente inmoviliza al Congreso Nacional, muchos de cuyos miembros están más preocupados en ubicarse “correctamente” que en estudiar proyectos de ley cruciales para la República.
En Paraguay el lapso entre las elecciones generales y la toma de posesión del nuevo gobierno es relativamente largo, casi cuatro meses. El país no está en condiciones de desperdiciar todo un tercio del año.