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Del decreto reglamentario de la ley que dispuso que el Censo Nacional de Población y Viviendas sea realizado el 9 de noviembre de 2022, declarado día de asueto, surge que el mismo será “una herramienta trascendental para el diagnóstico de la realidad social y demográfica y, por ende, para la elaboración de políticas públicas”. En realidad, fue algo más parecido a una estafa que le costó al erario nada menos que 43 millones de dólares, un gravísimo perjuicio al que debe sumarse el causado a la población por el cese de la actividad económica durante toda una jornada. Más aún, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que “esto obligará prácticamente a diseñar un nuevo Paraguay”, realizando ajustes en las variables económicas, con la intervención también del Banco Central.
En verdad, resulta asombroso que en 2012 nuestro país haya tenido 6.461.041 habitantes, según el censo de ese año, y que el de ahora haya registrado ¡¡¡solo 6.109.644!!!, pese a una supuesta cobertura del 94%. Sin causas aparentes que lo justifiquen, la población habría disminuido notablemente en una década, un fenómeno de lo más raro que debería llamar la atención de los demógrafos del mundo entero, pues en dicho lapso el país no sufrió una guerra civil o internacional, ni terribles y reiteradas catástrofes naturales. ¿Cómo lo explica Iván Ojeda, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), confirmado en el cargo por el jefe del Poder Ejecutivo? Aduce que las proyecciones hechas a partir de los datos del censo de 2002, dado que los del 2012 no habrían sido confiables debido a la subcobertura, sobreestimaron la población por la antigüedad de los datos y también que hubo acontecimientos “inesperados”, como la pandemia y la emigración a España en la década de 2000.
El 10 de enero de 2022, cuando los inverosímiles efectos de la pandemia y de la emigración ya se habrían producido, el INE estimó que el Paraguay, con un ritmo de crecimiento medio anual del 1,36%, llegaría a tener ese año 7.453.696 pobladores, o sea, casi un millón más que los que se constatarían en noviembre del mismo año. Ni siquiera entonces habrían sido considerados los dos argumentos antes referidos, y aunque lo hicieran, tampoco servirían en modo alguno para justificar los sorprendentes resultados ahora emitidos, ya que la pandemia ha tenido unas 20.000 víctimas mortales y que hace un año vivían en España alrededor de 120.000 paraguayos.
Como se recordará, fueron numerosísimas las denuncias de personas no visitadas por los censistas, siendo presumible que las omitidas fueron muchas más, lo que pone en entredicho el alcance oficial de la cobertura. Si fue tan amplia, como sostuvo el INE, su director tendría que hallar otros motivos para justificar el marcado descenso demográfico, como, por ejemplo, la notable deserción de censistas. Parece un mal chiste, pero la Secretaría Técnica de Planificación estimó en 2015 que, diez años más tarde, la población llegaría a 7.758.263 habitantes, siendo presumible que haya diseñado sus planes de acuerdo a esa perspectiva, ahora refutada.
Si esta es la seriedad con la que se actúa en una cuestión de suma relevancia para la gestión pública, se entiende que los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Educación y Ciencias hayan desestimado los datos del INE por no ser confiables. La ejecución del censo de 2012 tuvo serias deficiencias y la del último ni qué decir. Todo esto significa que los 75 millones de dólares prestados del Banco Interamericano de Desarrollo desde 2011 para realizar censos y encuestas, solo han servido para endeudar al país y, probablemente, para enriquecer a funcionarios paraguayos y extranjeros. Por cierto, ¿se verificó si los formularios llenados por los censistas se ajustaron a la verdad, en todo sentido?
Nada bueno se puede esperar de un Estado que ha venido elaborando Presupuestos o planes de desarrollo a partir de datos falsos o incompletos. El INE carece de credibilidad, como lo demuestra que, por de pronto, dos importantes ministerios rehúsen valerse de sus servicios. En cuanto al de Economía y al Banco Central, ¿tendrían que ajustar sus números, confiando en la veracidad del censo de 2022?
La costosa chapucería comentada pone en duda la necesidad o la envergadura de políticas públicas proyectadas o en vías de ejecución e incluso la existencia del propio órgano en cuestión, dado que en sus actuales condiciones puede provocar más daños que beneficios, generando incertidumbres o decisiones equivocadas. El Estado no debe actuar a ciegas, pero tampoco endeudarse para partir de premisas erróneas; es necesario que conozca la realidad, para poder actuar sobre ella atendiendo el interés general. Por otro lado, sale a la luz la necesidad de apelar a funcionarios idóneos, responsables y honestos, que no hagan pasar más papelones a nuestro país, y no continuar recurriendo a recomendados, familiares o correligionarios para ocupar importantes cargos, dejando de lado la meritocracia.