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El 8 de octubre, damnificados por el reciente incendio que destruyó veintidós viviendas instaladas desde 2020 en el llamado Paseo Comuneros, un bien del dominio municipal situado en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita) de Asunción, amenazaron sin tapujos con que volverían a ocupar las plazas del “centro histórico” si no fueran socorridos de inmediato por la Municipalidad. La advertencia surtió pronto efecto, pues ayer mismo, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) les entregó “kits” escolares y cajas con alimentos y útiles de limpieza, en una de las plazas que serían invadidas y junto con tres ministros del Poder Ejecutivo, así como del jefe de la Secretaría de Emergencia Nacional. La ciudadanía se enteró así de la profunda “sensibilidad” gubernativa, exhibida en un acto formal.
El pobre o el rico que ocupe un predio público o privado sin permiso del dueño comete el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, que no debe quedar impune. Si se concretara la amenaza, antes de recurrir al fuero penal o de que el Ministerio Público intervenga de oficio, el intendente puede dictar una “medida de urgencia” para que se recupere el inmueble, incluso efectuando demoliciones: esta facultad legal, vigente desde 2010, nunca ha sido ejercida, porque los jefes comunales prefieren congraciarse con los invasores y sus padrinos antes que defender el patrimonio municipal. Bien se sabe que los ocupantes son respaldados o hasta alentados a cambio de su apoyo electoral, de hecho más valioso que la ley y el bien común para quienes sacan rédito de las necesidades causadas por ellos mismos, mediante una pésima gestión pública.
Aunque parezca raro, la ineptitud y la corrupción pueden servir para ganar votos, porque la vasta mayoría silenciosa no se moviliza en defensa de los inmuebles municipales, ante la inacción de las autoridades. Para proteger a una pequeña minoría de intrusos, se permite de hecho la ocupación de plazas por mucho tiempo, cuyo uso normal debería ser accesible a todos.
Por de pronto, el centenar de damnificados por el siniestro hallará un refugio temporal en los aledaños del barrio Ricardo Brigada (Chacarita), un sitio que estaba siendo preparado para acoger a las víctimas de la próxima inundación; el terreno municipal invadido ya tendría custodia policial, según el director municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, Édgar Estigarribia: “Lo ideal es ir ganando espacios de la bahía”, dijo, o sea, que la Municipalidad recupere el terreno perdido hace mucho, por no preservarlo como manda la ley.
Resulta innecesario esperar una catástrofe para que la Municipalidad recupere predios de su dominio privado, ocupados desde hace largas décadas: ellos no pueden ser adquiridos por el simple paso del tiempo, de modo que sus ocupantes irregulares pueden y deben ser desalojados. En 2015, poco antes de unos comicios, siendo intendente el hoy senador Arnaldo Samaniego (ANR) y por iniciativa de la Junta Municipal, antes que buscar soluciones definitivas al añejo problema, se dispuso bajar la cota mínima dentro de la que se puede poblar la ribera de la bahía: la medida contribuyó a que se repita la historia de que los evacuados tras una inundación pasen a acampar en parques o plazas, cuyos destrozos no los pagarán con su propio dinero las “generosas” autoridades y los padrinos políticos, sino con el de los contribuyentes.
Naturalmente, se plantea la cuestión de adónde irían los damnificados por la crecida venidera, si en el lugar previsto siguieran instalados quienes soportaron el último incendio. El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, dio a entender que podrían ser ubicados en un predio del Regimiento de Caballería N° 4, donde tuvieron que haberse construido viviendas tras una quema ocurrida en el mismo barrio, hace tres años: el proyecto habría muerto por culpa del anterior Gobierno, así que ahora podría ser reflotado. El mencionado funcionario dijo también que la superpoblación de la Chacarita se agrava cada vez más debido a la continua afluencia de personas. Sin duda, la situación persistirá mientras la Municipalidad no proteja su patrimonio, tolerando que ellas ingresen allí para instalarse como si fuera tierra de nadie.
Por lo demás, es obvio que, aparte de los siniestros y de las crecidas, el hacinamiento genera serios riesgos para el ambiente y la salud pública, así que la Municipalidad y el Estado deben abordar con mano firme esta sempiterna problemática, que solo favorece a quienes manipulan a los invasores para seguir gozando del dinero público y de los votos. El agua y el fuego muestran periódicamente que cuanto acontece en torno al barrio Ricardo Brugada evidencia tanto la desidia como la complicidad de autoridades estatales y municipales.
Pasan las décadas, pero la triste historia se repite una y otra vez, para bien de quienes se valen de la miseria ajena con el fin de seguir viviendo de lo mejor a costa de los contribuyentes. El lamentable espectáculo proseguirá mientras los responsables no quieran cumplir ni hacer cumplir la ley.