Cargando...
El proyecto de presupuesto remitido al Legislativo contiene un saldo rojo incorporado del 2,6% del PIB, todavía sin contar las modificaciones que sufrirá en el tratamiento parlamentario, con lo cual se echa por tierra el cronograma de convergencia que se había acordado entre todas las fuerzas políticas después de la pandemia para restablecer cierto equilibrio y volver en 2024 al tope de la sistemáticamente perforada ley de responsabilidad fiscal. Lejos de ello, el proyecto para 2024 prevé gastos por 15.276 millones de dólares, 1.000 millones más que el de 2023, con 87% de gastos rígidos y un endeudamiento adicional de 783 millones de dólares vía préstamos y bonos. O sea, más de lo mismo y peor.
Pero esto todavía no incluye una movida sin precedentes que pretenden hacer con el presupuesto de este año, con una ampliación de 600 millones de dólares y un salto del déficit al 4,1% del PIB, supuestamente para pagar deudas vencidas a proveedores de obras públicas, salud y otros, para lo cual quieren salir a colocar bonos en el momento menos oportuno, por las altas tasas de interés en el mercado internacional, lo que se suma al creciente riesgo-país de Paraguay, que sigue en el grado especulativo y, con estas decisiones, cada vez se aleja más del grado de inversión.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dice que solo se trata de un sinceramiento. Afirma que esas deudas vencidas no fueron incluidas en la contabilidad pública para hacer figurar un déficit menor del verdadero, y que es momento de aceptar la realidad tal como es, sin engaños, y empezar de ahí.
Hay, sin embargo, unos cuantos problemas con ese argumento. El primero es el monto. Al principio se dijo que se necesitaban 350 millones de dólares, después 400 millones, después ya se habló de 500 millones y después de 800 millones, para quedar finalmente en 600 millones. Si ya es difícil de concebir y de creer que semejantes sumas hayan sido escondidas bajo la alfombra, ¿cómo puede ser posible, además, que los vencimientos no estén perfectamente documentados y exactamente cuantificados?
El segundo problema es que todos los gastos del Estado, sin excepción, deben estar previamente presupuestados, con las correspondientes fuentes de financiamiento asignadas. Eso incluye obras públicas, medicamentos y todo lo demás. Por lo tanto, esos montos ya tuvieron que haber sido previstos en su momento. Lo mínimo que se le debe a la gente es una explicación de qué pasó con la plata y en qué se usó.
El tercer problema tiene que ver con el nuevo cronograma de convergencia. Suponiendo que la justificación de Fernández Valdovinos sea válida en cuanto a alzar excepcionalmente el tope del déficit de este año al 4,1% del PIB para ponerse al día de una vez con los atrasos, ¿por qué razón eso debería trasladarse a los años posteriores si en teoría las cuentas quedarían saldadas? En 2024 las finanzas públicas ya tenían que cerrar con un máximo de déficit del 1,5% del PIB, pero esa meta de un plumazo fue transferida a 2026, siempre que esta vez sí cumplan, algo que se vuelve dudoso. Fernández nunca dio explicaciones convincentes al respecto. Solo resta concluir que simplemente quieren seguir gastando más de lo que se puede.
El cuarto problema es la forma como lo quieren hacer, mediante un atropello inaudito a la institucionalidad de la República y a principios elementales del derecho público administrativo. El Ejecutivo está haciendo aprobar a tambor batiente una ley que le permite realizar modificaciones presupuestarias y ejecutar gastos discrecionalmente sin que estén previa y específicamente autorizados por el Congreso, como lo manda taxativamente la Constitución Nacional. Para ello se vale de su mayoría y, poca duda cabe, ese es el motivo por el cual envió una adenda para aumentar en 5 millones de guaraníes las dietas parlamentarias, ante la indignación de toda la ciudadanía.
Pareciera que Santiago Peña está haciendo todo lo que está a su alcance por romper el récord de pérdida de credibilidad en el menor lapso posible. Debería tener cuidado, porque los gobiernos no reemplazan a la sociedad. El funcionamiento de un país depende de millones de decisiones individuales, y solo en la medida en que los ciudadanos crean y confíen en sus autoridades podrán estas canalizar esas energías y producir los resultados esperados.