7 de julio de 2026
En nombre del sector empresarial, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) emitió un enjundioso manifiesto, por boca de su presidente, Enrique Duarte, en el que abordó cuestiones de suma relevancia para la marcha del país, en compañía de decenas de grandes referentes de la producción, industria y comercio que lo respaldaron. El documento reconoce logros “importantes”, sobre todo en materia legislativa, pero apunta más aún a reiterados “problemas estructurales” que afectarían a la población, a las empresas y al desarrollo. De entrada, se habla del “prebendarismo galopante” y del “cálculo egoísta” que atentarían contra la igualdad y el saneamiento presupuestario; sin duda, el clientelismo de la clase política, también propensa al nepotismo, contribuye al déficit, junto con el gasto superfluo.
Tras largas dilaciones, el Senado volverá a tratar mañana el proyecto de ley que modifica la “jubilación vip” de los legisladores, sin afectar los irritantes privilegios de los que gozan en tal concepto; ya cuenta con la media sanción de los diputados desde el 5 de febrero y quedaría sancionada automáticamente el 31 de mayo si la Cámara Alta no se expidiera. Los privilegios que conlleva dicha jubilación, que se distingue claramente de la del común de los ciudadanos, se resumen en que solo se requieren una edad mínima de 55 años y diez años de aportes, que pueden ser retirados en gran parte, y en que los envidiables jubilados pueden cobrar más de 30 millones de guaraníes mensuales. Desde 2005, le ha costado a la población la friolera de más de 34.675 millones de guaraníes, por unos servicios que han distado mucho de ser elogiables: la educación y de la salud pública, así como de la infraestructura vial, podían esperar.

Bajo un mentiroso discurso de transparencia, Santiago Peña canalizó más de 1,2 billones de guaraníes a través de la fundación de Itaipú burlando la ley de Contrataciones. El Gobierno no reveló precios referenciales en el 42% de los llamados, no existe ningún contrato adjudicado publicado y menos detalles sobre la ejecución de estos; sin embargo, Peña habla de “transparencia total”.
La reciente declaración del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, de que a partir de ahora entraríamos en una “economía de guerra” para el sector público, debido a una crisis de deudas de varias instituciones, especialmente del sector salud, presupone que hasta este momento estábamos en una situación de paz.