25 de agosto de 2026
dinero público
La Contraloría General de la República no es un botín de guerra
La Contraloría General de la República no es un botín de guerra. Es, o debería ser, el último dique de contención entre el erario público y la impunidad. Su función es auditar con rigor a los ministerios, a las municipalidades, a las gobernaciones y a cada ente que administra el dinero de los paraguayos. Cuando esa institución se debilita, se debilita la República entera. Sin embargo, lo que se observa en el Senado es otra cosa. Las audiencias se desarrollaron con bancas vacías, preguntas tibias y un desinterés que rayaba en el desprecio. El proceso, más que una evaluación seria de capacidades, parecía un trámite ritual cuyo resultado ya está escrito. Y ahora, para que no quede ninguna duda sobre el verdadero espíritu que anima a la mayoría oficialista, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, lo dijo sin rodeos: el contralor y el subcontralor “tienen que ser colorados”. Como si el control del dinero público fuera solo otro espacio más a repartir entre amigos, y lógicamente, controlar solo lo que conviene controlar.
Reformas “light” de un Gobierno “light”
La más grave falencia de Santiago Peña ha sido no haber aprovechado su envión inicial y las condiciones inmejorables que le tocaron para realizar reformas profundas que, de haberse concretado con firmeza en tiempo y forma, hoy el escenario habría sido muy diferente. Mientras viajaba alegremente por el mundo, permitió que los políticos le manejaran la agenda, le hicieran postergar las medidas más complicadas y le relajaran sus principales proyectos de ley al punto de convertirlos, casi sin excepción, en “reformas light” que cambian algo para no cambiar nada.
PTI apunta 13 llamados por más de US$ 10 millones con turbio manejo
El Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), entre abril y mayo, apunta 13 llamados por más de US$ 10 millones, sin la “transparencia total” pintada por Santiago Peña. Contratos apuntan a obras en el Hospital Rigoberto Caballero y compra de polígrafos para la Policía Nacional, propaganda en redes sociales con influencers, la terminal de buses eléctricos en San Lorenzo, entre otras.
Gobierno del prebendarismo galopante
En nombre del sector empresarial, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) emitió un enjundioso manifiesto, por boca de su presidente, Enrique Duarte, en el que abordó cuestiones de suma relevancia para la marcha del país, en compañía de decenas de grandes referentes de la producción, industria y comercio que lo respaldaron. El documento reconoce logros “importantes”, sobre todo en materia legislativa, pero apunta más aún a reiterados “problemas estructurales” que afectarían a la población, a las empresas y al desarrollo. De entrada, se habla del “prebendarismo galopante” y del “cálculo egoísta” que atentarían contra la igualdad y el saneamiento presupuestario; sin duda, el clientelismo de la clase política, también propensa al nepotismo, contribuye al déficit, junto con el gasto superfluo.
La jubilación vip es financiera y moralmente indefendible
Tras largas dilaciones, el Senado volverá a tratar mañana el proyecto de ley que modifica la “jubilación vip” de los legisladores, sin afectar los irritantes privilegios de los que gozan en tal concepto; ya cuenta con la media sanción de los diputados desde el 5 de febrero y quedaría sancionada automáticamente el 31 de mayo si la Cámara Alta no se expidiera. Los privilegios que conlleva dicha jubilación, que se distingue claramente de la del común de los ciudadanos, se resumen en que solo se requieren una edad mínima de 55 años y diez años de aportes, que pueden ser retirados en gran parte, y en que los envidiables jubilados pueden cobrar más de 30 millones de guaraníes mensuales. Desde 2005, le ha costado a la población la friolera de más de 34.675 millones de guaraníes, por unos servicios que han distado mucho de ser elogiables: la educación y de la salud pública, así como de la infraestructura vial, podían esperar.
Peña destinó más de G. 1,2 billones vía PTI-PY mintiendo sobre transparencia
Bajo un mentiroso discurso de transparencia, Santiago Peña canalizó más de 1,2 billones de guaraníes a través de la fundación de Itaipú burlando la ley de Contrataciones. El Gobierno no reveló precios referenciales en el 42% de los llamados, no existe ningún contrato adjudicado publicado y menos detalles sobre la ejecución de estos; sin embargo, Peña habla de “transparencia total”.