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La última vez que los “empresarios” del transporte público de pasajeros de la Gran Asunción apelaron a su deporte favorito, las reguladas, fue en setiembre pasado, y no han tardado mucho en volver a castigar a los sufridos pasajeros utilizándolos poco menos que como rehenes para que el Gobierno ceda ante sus exigencias, como ha ocurrido anteriormente para conseguir aumento de tarifas o mayor subsidio, o sencillamente como ahora en que los hacen víctimas del incumplimiento del servicio que se merecen. En efecto, pese a que siempre se salen con la suya, el servicio de transporte sigue siendo pésimo, sin que ningún Gobierno hasta ahora haya conseguido meterlos en vereda. Es evidente que tampoco le temen a las nuevas autoridades, porque no han parado con su impopular medida. ¿Por qué será que son intocables y se sienten tan seguros?
Con las reguladas que vienen denunciando los pasajeros, quedarían de nuevo incursos en el art. 5 de la Ley N° 6789/21: “En caso de que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado”. Por lo demás, tratándose de un delito de acción penal pública del que ya tendría noticias, el Ministerio Público debe intervenir de oficio, sin necesidad de esperar una denuncia formal.
El problema es que los usuarios –y quizá también los agentes fiscales– ignoran con qué frecuencia deben circular los buses de las diversas líneas, porque el Viceministerio de Transporte, hoy encabezado por Guido Benza, se niega a informar al respecto. Se tuvo que recurrir a un amparo judicial para que los accionantes se enteraran en abril de 2023 de que una resolución del 30 de noviembre de 2021, emitida por el entonces viceministro Víctor Sánchez, redujo la frecuencia, pese a que en junio del mismo año había dicho que los buses debían circular cada diez minutos, por tratarse de un servicio “fundamental”. Valga como ejemplo que, en virtud de esa disposición oculta, cada línea debe operar “como mínimo”, de lunes a viernes, cuatro buses por hora, entre las 5:00 y las 7:59 y entre las 16:00 y las 18:59. Esta frecuencia sigue siendo incumplida periódicamente, con toda impunidad, ante la falta de control del Viceministerio competente.
Un usuario que ayer debía estar en su lugar de trabajo a las 7:00 seguía esperando el servicio media hora más tarde, en la zona de la ruta Transchaco; como muchos otros, sufrirá un descuento del sueldo y hasta habrá corrido el riesgo de viajar en la estribera, porque el vehículo llegó atestado, por culpa de quienes están habituados a violar leyes y resoluciones con toda impunidad. “Por favor, tengan compasión del pueblo”, les pidió una usuaria desesperada. La triste experiencia enseña que no la tienen, de modo que solo cabe esperar, como corresponde, que los órganos competentes se decidan a actuar de una vez por todas, como al menos lo hizo la Secretaría de Defensa del Consumidor, cuando en octubre de 2021 multó con 44 millones de guaraníes a cada una de las 17 líneas que habían reducido la prestación de sus servicios.
Pero la medida no tuvo ningún efecto disuasivo, pues el chantaje se repite cuando lo creen necesario quienes, según el proyecto del Presupuesto nacional, el próximo año recibirán 262.328 millones de guaraníes (35,6 millones de dólares) en concepto de subsidio, es decir, 82,6% más que lo asignado en el Presupuesto inicial de 2023. Vale señalar que la “adquisición fraudulenta de subvenciones” es un hecho punible sancionado con hasta cinco años de prisión o con multa, atendiendo también que la Contraloría General de la República informó que los incorregibles “empresarios” recibieron en los últimos nueve años 645.000 millones de guaraníes (87,5 millones de dólares), sin que se haya modernizado la flota de buses.
¿Hasta cuando se continuará abusando de la paciencia de los sufridos pasajeros, víctimas de la desidia del Estado y de la crueldad gremial? Que esta indignante historia se repita una y otra vez revela una gran indiferencia hacia quienes se ven forzados a recurrir al transporte público, para ser vejados regularmente con todo desparpajo.
¿Tienen algo que decir las organizaciones empresariales? Debería inquietarles que los empleados no puedan cumplir con el horario laboral porque ciertos “empresarios” los utilizan para imponer sus exigencias, en vez de recurrir a las instancias judiciales; la Federación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas censuró hace algunos meses la falta de transparencia en cuanto a los costos del servicio y reclamó su mejora, así como la revisión del subsidio al “cártel del transporte público”. En verdad, es necesario revisar este modelo que tan mal funciona y que también resulta injusto, por consumir recursos de los contribuyentes de todo el país y no solo de los del área metropolitana. Por de pronto, hay que poner fin a las cínicas “reguladas”, aplicando con todo rigor las normas penales y administrativas vigentes: el chantaje reiterado es intolerable.