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El primer interrogante es el monto. Este último no es sino otro más de los muchos que ya se han lanzado. Las mismas autoridades económicas del Gobierno comenzaron diciendo que se necesitaban 300 millones de dólares para cancelar los vencimientos con proveedores, no solamente de obras públicas, sino también de salud y otros; luego elevaron la cifra a 500 millones de dólares, luego a 800 millones, para luego quedar en 600 millones de dólares, que es la suma solicitada al Congreso para una emisión de bonos extraordinaria a ser incluida dentro del Presupuesto 2023 y desembolsada en los primeros meses de 2024, precisamente con la promesa de ponerse definitivamente al día y sincerar las cuentas públicas.
Según el Ministerio de Economía, estas deudas vencidas habían sido sistemáticamente escondidas bajo la alfombra por la administración anterior para maquillar la contabilidad estatal y acomodarse artificialmente al tope del déficit fiscal, que debía reducirse anualmente conforme a un cronograma de convergencia que, finalmente, no se respetó. Si esto ya es difícil de aceptar, es realmente inaudito que no exista un valor perfectamente documentado y cuantificado, ya hechas las consolidaciones y verificaciones correspondientes.
En consonancia con ello, llama poderosamente la atención que los constructores privados insistan en que se les debe 400 millones de dólares por certificados de obras ya realizadas cuando la ministra comunica que se les acaba de pagar 100 millones de dólares en los últimos dos meses. ¿A cuánto ascienden entonces los atrasos? Si a esto se les tienen que sumar los de los proveedores de medicamentos e insumos de salud, que también hablan de 300 millones de dólares o más, los subsidios al transporte y varios otros conceptos, la escalada adquiere niveles alarmantes. Si fuera así, querría decir que la situación del Estado paraguayo es mucho peor de la que se creía y la ley que se acaba de sancionar por la cual “se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas” es apenas poco más que un paliativo.
El segundo interrogante que surge es el de los intereses. Permanentemente nos venden el cuento de que las sobrefacturaciones en las obras públicas, y en general en todo el sistema de adquisiciones de bienes y servicios del Estado, se deben a que las ofertas en las licitaciones llevan incorporado un cálculo financiero por las crónicas moras en los pagos. Supuestamente, ese es uno de los motivos por los cuales una ruta pavimentada en Paraguay cuesta dos millones de dólares el kilómetro, frente a los 120.000 dólares que cuesta en Europa. ¿No son ya suficientes intereses; por qué habría que pagar tasas extras?
A ello hay que agregar que el 100% de las obras públicas en Paraguay ya han ejecutado sus cláusulas de ajuste, de hasta el 20% por encima del precio inicial, y en algunos casos más. Dichas cláusulas están establecidas para responder a imprevistos, por lo que deberían ser la excepción, no la regla, como ocurre en la práctica. Eso sin considerar que muchas de las obras quedan inconclusas por años, a veces para siempre, a menudo sin recepción oficial, con el argumento de que no se les paga a tiempo.
Finalmente, el tercer interrogante es cómo se va a resolver estructuralmente el problema para que no se vuelva a caer en lo mismo. La causa principal de los atrasos es el alto componente de gastos corrientes y rígidos en el presupuesto público, principalmente salarios, jubilaciones y pensiones, servicio de la deuda y subsidios, lo que obliga al fisco a “bicicletear” los gastos de capital e inversiones físicas para que alcance el dinero. Pero el proyecto de Presupuesto 2024 que está en estudio no cambia en absoluto esa dinámica: contempla gastos por 15.400 millones de dólares, 1.000 millones más que en 2023, con 87% de gastos fijos y un endeudamiento adicional de 783 millones de dólares, sin tomar en cuenta las ampliaciones que sin falta se producirán durante el ejercicio.
El Gobierno no es el dueño de los fondos del Estado, sino el administrador del dinero de los contribuyentes y de la ciudadanía. Por lo tanto, tiene la obligación constitucional y política de informar detalladamente a sus mandantes; es decir, a toda la población, cuánto realmente se debe, específicamente a quién, con nombre y apellido; en qué concepto, bajo cuáles condiciones, cuál es el grado de ejecución, cuánto ya se pagó y cuál es el costo final de esas obras, productos o servicios. Ahí cada quien podrá sacar sus propias conclusiones.