Petropar sigue siendo una pesada carga para el país

Acuciada por muy serios problemas financieros, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) quiere desprenderse de ocho de sus nueve servicentros para “maximizar su rentabilidad”, concesionando su explotación solo a firmas privadas que hoy operan para ella, como la del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, la del senador Basilio Núñez (ANR, cartista) y la de la diputada Jazmín Narváez (ANR, cartista), entre otros políticos colorados. Ya en 2011, mediante una serie de artículos, nuestro diario advirtió que sería un pésimo negocio que Petropar explotara sus propias gasolineras, para lo cual había previsto invertir al año siguiente 40.000 millones de guaraníes. Petropar le está causando un inmenso daño al país, y seguirá causándolo mientras cuente con la miserable complicidad de los que mandan.

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Acuciada por muy serios problemas financieros, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) quiere desprenderse de ocho de sus nueve servicentros para “maximizar su rentabilidad”, concesionando su explotación solo a firmas privadas que hoy operan para ella, como la del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, la del senador Basilio Núñez (ANR, cartista) y la de la diputada Jazmín Narváez (ANR, cartista), entre otros políticos colorados. Por cierto, el primero de ellos debe “dedicarse en exclusividad a sus funciones”, según la Constitución. Ya en 2011, mediante una serie de artículos, nuestro diario advirtió que sería un pésimo negocio que Petropar explotara sus propias gasolineras, para lo cual había previsto invertir al año siguiente 40.000 millones de guaraníes, tras ser habilitada para el efecto por el Ministerio de Industria y Comercio.

El entonces diputado Cándido Aguilera (ANR) llegó a sostener que el emprendimiento sería muy beneficioso para el consumidor final, porque iba a servir para “regular” el precio en el mercado, con lo que puede entenderse que la empresa estatal podría vender el combustible a pérdida para forzar a los emblemas privados a abaratar el producto. Por su parte, los representantes de la “competencia” cuestionaron la viabilidad del proyecto porque los emblemas que interesaban a Petropar tenían una ínfima participación en el mercado. La infeliz iniciativa cobró impulso bajo el Gobierno de Horacio Cartes, y bajo la presidencia de Eddie Jara –hoy nuevamente al frente de la empresa estatal– habiéndose instalado varios servicentros incluso en inmuebles de seccionales coloradas. Ahora se nos dice que los estudios de factibilidad de antaño habían dado resultados “positivos”, pero que un reciente análisis económico muestra que sería más lucrativo recurrir al modelo de la concesión.

Una publicación de nuestro diario de fecha 21 de octubre de 2018, expresaba: “La administración de Eddie Jara Rojas al frente de la empresa pública Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar) destinó miles de millones de guaraníes a la financiación de numerosas estaciones de servicio con el emblema de la estatal”. Por supuesto, las advertencias cayeron en saco roto, y hoy se cosechan los resultados.

Por de pronto, la empresa acaba de resolver ahondar su crisis financiera, reduciendo el precio de la nafta probablemente para seguir “regulando” el mercado, compitiendo deslealmente con el sector privado y, en consecuencia, amenazando puestos de trabajo y desalentando inversiones. Como se afirma desde la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles, las concesiones previstas implican la confesión de que no puede continuar practicando esa suerte de dumping, por lo demás tan populista como la práctica de regalar gas licuado de petróleo, con el aplauso del Presidente de la República y en violación del principio de legalidad, pues la Ley N° 1182/85 no le autoriza a Petropar a obsequiar sus productos. El año pasado perdió cien mil millones de guaraníes, equivalentes al 20% de su patrimonio neto. De hecho, está en quiebra técnica, porque mantiene una política de precios inferiores a los costos operativos, de acuerdo a un estudio publicado en septiembre.

Vender a pérdida es un disparate ruinoso no solo para Petropar, sino también para las 2.500 estaciones de servicio privadas, víctimas de una aviesa e insostenible competencia. ¿Acaso se busca expulsarlas del mercado en beneficio de un monopolio estatal? Desde luego, la empresa pública que nos ocupa ha venido sirviendo de botín para los politicastros de turno y sus respectivas clientelas. Ha sido la vaca lechera de la que se alimentaban los sinvergüenzas desde la época de la dictadura. Durante el Gobierno de Horacio Cartes también se perpetró la barbaridad de una suerte de alianza público-política, cuando la empresa acordó financiar estaciones de servicio en predios de seccionales coloradas, una operación de dudosa legalidad. En efecto, siendo los partidos políticos organizaciones sin fines de lucro, que reciben financiación estatal, les está vedado realizar actividad económica alguna.

Aparte de honestidad, en la podrida empresa petrolera hace falta idoneidad: su actual presidente, que invocó la ya derogada Ley N° 2051/03, de Contrataciones Públicas, para excluir de su régimen las concesiones previstas, no pudo señalar que ellas deberán regirse por la Ley N° 1618/00, de Concesiones de Obras y Servicios Públicos. En suma, Petropar le está causando un inmenso daño al país, y seguirá causándolo mientras cuente con la miserable complicidad de los que mandan.

El interés general reclama que esa empresa pública, heredera de la nefasta Refinería Paraguaya SA (Repsa), vaya mucho más allá de concesionar servicentros, esto es, que se someta a una profunda reforma administrativa y organizacional: el sucio “negocio” no da para más.

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