El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 13 de febrero un nuevo proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, con el declarado objetivo de transparentar la administración pública y asegurar el concurso obligatorio y la eliminación de las influencias indebidas para acceder a cargos estatales. Sin embargo, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos enteramos de que en el último trimestre del año pasado, el primero de este Gobierno, hubo un ingreso récord de nuevos funcionarios públicos asalariados, la gran mayoría sin concurso, lo que se suma a los numerosos escándalos de “nepobabies” y de “asesores” y “asesoras” planilleros que salieron a la luz y que tanto han indignado a la ciudadanía. Entonces, ¿en qué quedamos?
Ya con las proyecciones ajustadas a los resultados del último censo nacional, la Encuesta Permanente de Hogares Continua del INE reveló que entre octubre y diciembre de 2023, en coincidencia con los primeros meses de gestión de la administración de Santiago Peña, el número de funcionarios públicos asalariados creció en 8.237 personas en comparación con el trimestre anterior, lo que representa un salto de 2.000% en relación con el incremento de 382 personas que se había registrado en el resto del año frente al número de funcionarios de 2022.
Para tener una perspectiva de lo masivo que fue este verdadero asalto a la función pública en el inicio del nuevo Gobierno, esos 8.237 funcionarios adicionales duplican el número de nuevos asalariados en todo el sector privado en el mismo período (4.664), pese a que en el ámbito privado se desempeña el 81% de todos los trabajadores con salario en relación de dependencia de la fuerza laboral.
Todo esto, más los múltiples casos que se conocieron de repartija de sueldos del Estado a hijos, cónyuges, parejas, parientes cercanos, operadores y amantes sin cumplir mínimos requisitos de necesidad, concurrencia e idoneidad, con justificación o tolerancia desde las altas esferas del poder, va completamente a contramano de los objetivos que el propio Gobierno afirma perseguir en la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley.
El Poder Ejecutivo introdujo modificaciones al proyecto que había presentado el Gobierno anterior en octubre de 2022 –y que se mantuvo cajoneado–, “para concretar una administración más ágil, previsible, transparente y de puertas abiertas al ciudadano”, y llevó adelante algunas iniciativas de divulgación y promoción, como la de socializar el texto y proporcionar información sobre los alcances y los puntos más relevantes a través del sitio del Ministerio de Economía y Finanzas.
Allí se indica que se respetarán los derechos adquiridos, pero que, con la nueva norma, la “única vía de ingreso” a la función pública será el concurso de oposición, salvo contrataciones directas en casos de desastres o calamidad declarada previamente por ley.
Se obtendrá estabilidad a los 4 años de antigüedad y solo después de aprobar un examen de conocimientos. Habrá un nuevo régimen especial para contratos de servicios y estará prohibido nombrar en cargos de confianza a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que medie un concurso.
Se exceptúan del régimen general los “puestos de conducción política”, los asesores y los cargos de confianza, pero supuestamente con reglas estrictas dirigidas a impedir los abusos y el tráfico de influencias. Tales cargos de “conducción política” están enumerados en el proyecto y son los de elección popular, el Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, titular y directores del Banco Central del Paraguay y de otras entidades financieras oficiales, embajadores y cónsules, el procurador general, los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el fiscal general, el defensor general, el defensor del Pueblo, el síndico general, el contralor general y los titulares y miembros de consejos de entidades descentralizadas.
Estos podrán contratar hasta tres asesores sin concurso, pero no podrán ser parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, deberán demostrar contar con un mínimo de 5 años de experiencia profesional efectiva y quedarán desvinculados inmediata y automáticamente una vez termine la función “política” de su contratante.
Entre las “prohibiciones generales” se mencionan utilizar autoridad o influencia para ejercer presión sobre la conducta del funcionario, realizar actividades partidarias o proselitistas dentro de las instituciones públicas y desempeñar funciones en violación de las normas de doble remuneración, conflicto de intereses y nepotismo.
Son lindas palabras sobre una de las reformas más importantes que tiene por delante el país, pero, tal como demuestran los hechos, en la práctica, hasta el momento, el Gobierno se ha comportado de manera totalmente opuesta. Lamentablemente, estos preocupantes datos no hacen más que profundizar las dudas sobre las verdaderas intenciones de un Presidente de la República que dijo en su campaña que era más importante ser miembro del Partido Colorado que ir a cualquier universidad para acceder a la función pública.