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En verdad, ya es hora de preguntarse hasta cuándo los “empresarios” del transporte de pasajeros del área metropolitana de Asunción seguirán abusando de la paciencia de sus víctimas habituales, ante la inoperancia de los órganos competentes, incluido el Ministerio Público. En otras palabras, ¿se tomarán alguna vez medidas radicales, dentro del marco de la ley, para que el Estado no sea sometido a chantajes periódicos mediante el vil procedimiento de convertir a los usuarios en rehenes de las “reguladas” delictivas? Subleva el ánimo que, una y otra vez, quienes recurren a esa medida de fuerza castigada por la Ley N° 6789/21 utilicen las penurias que causan deliberadamente a los usuarios para imponer sus pretensiones. Aunque ellas fueran legítimas, no tienen derecho alguno a someter a la gente a largas esperas bajo la lluvia o el sol para que luego aborden unos buses atestados, hasta el punto de arriesgar sus vidas al tener que viajar en las estriberas.
Esos despiadados concesionarios ignoran impunemente las frecuencias de la prestación del servicio fijadas en el contrato y, por ende, el derecho de los pasajeros a viajar con comodidad y llegar a tiempo a sus respectivos lugares de destino: solo les mueve el afán de recaudar más mediante el aumento del precio del pasaje o del subsidio financiado por los contribuyentes de todo el país, la enorme mayoría de los cuales jamás se verá forzada a viajar en uno de sus destartalados buses.
El Consejo de la Tarifa Técnica de Pasajeros del Transporte Público, creado en 2021, es el órgano que revisa las variables que intervienen en el precio del pasaje para definir el subsidio, estando integrado por representantes de entidades estatales y de los “empresarios” de marras, pero no así los de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama): los usuarios no tienen voz ni voto en una cuestión que les atañe en primerísimo lugar. En su sesión inaugural del último 13 de marzo, el representante de la Central de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana, Elías Jure, y el de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción, Máximo Mallada, expresaron su desacuerdo con las “tarifas técnicas” discutidas. El primero de ellos llegó a decir que “la aprobación de esos montos acarreará mayor deterioro al sistema de transporte”, lo que hasta podría interpretarse como una velada amenaza: si no fueran más elevados, sería de temer que se repitan las “reguladas”, hasta que aumente el subsidio o el precio del pasaje para satisfacer a sus autores.
La experiencia enseña que conviene estar en guardia, aunque el viceministro de Transporte, Guido Benza, haya dicho que “no hay un pedido oficial” al respecto, pues la solicitud o, mejor dicho, la exigencia podría llegar a formularse en todo momento por las vías de hecho, es decir, mediante las infames reguladas impunes. Los usuarios no deben seguir siendo sometidos a la incertidumbre en cuanto al precio del pasaje, a las penurias de las largas esperas y a las incomodidades de un viaje en vehículos deteriorados. En defensa del erario y de los pasajeros, ha llegado el momento de revisar a fondo el sistema de transporte público subsidiado, establecido hace trece años. Si en ese tiempo no se ha conseguido que funcione aunque sea en forma medianamente exitosa, salvo para los proveedores del servicio, no hay por qué seguir torturando a la gente. No es posible que al ejército de funcionarios que tiene el MOPC y al enjambre de organismos técnicos que tiene el Gobierno no se les ocurra encontrar alguna solución.
Para satisfacer a este sector privilegiado del área de Asunción y ciudades aledañas, el Gobierno destinó cuantiosas sumas provenientes de los impuestos de contribuyentes de todo el país, no solo de los afectados por este servicio específico. Solo el año pasado, los “empresarios” de este sector desalmado recibieron la friolera de 332.550 millones de guaraníes (46 millones de dólares), tras haber castigado más de una vez a sus clientes con sus perversas “reguladas”.
Si los empresarios respetables se callan, aunque sus trabajadores sean vejados por los de otra índole, han de haber políticos que abogan por estos para retribuirles los servicios prestados en tiempos electorales, razón por la que es de suponer que el Viceministerio de Transporte no cancela sus licencias ni el Ministerio Público les imputa. Solo resta que las víctimas sigan movilizándose contra tanto vejamen, denunciando –incluso penalmente– las interrupciones maliciosas del servicio o el cobro indebido de subvenciones, mediante el manejo fraudulento del billetaje electrónico, entre otras fechorías.
Solo queda por saber si alguna vez tendremos autoridades que tengan suficientes agallas para poner freno a las tropelías de este sector injustamente privilegiado.