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Nadie ignora que los “empresarios” del transporte tienen la pésima costumbre de apelar al chantaje de las “reguladas” para imponer sus abusivas pretensiones, pese a que la ley diga que si amenazan o extorsionan al Estado, por cualquier medio, cometen un “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos”. Hasta hoy, el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de intervenir de oficio ante ese delito de acción penal pública, mientras desde el MOPC se alega que dicha normativa es inaplicable porque no está aún reglamentada. Y bien, las leyes no necesitan un reglamento para que estén en vigencia, pues obligan desde su promulgación y publicación, de modo que lo que se busca es excusar la impunidad de unos sinvergüenzas.

Integrantes de varios sindicatos solicitaron al viceministro del Transporte que pare los pagos por subsidio a los empresarios del sector, hasta tanto cumplan con todos los requisitos, principalmente de derechos laborales.

Transportistas pidieron al Gobierno analizar una suba en el valor del boleto de ómnibus que paga el usuario, como estrategia para disminuir la presión al subsidio. A continuación explicamos cuánto más caro sería por cada tipo de servicio.

Autoridades del Gobierno se reúnen con empresarios del transporte público del área metropolitana para proponer el plan de desembolsos de subsidios en los próximos meses. Se trata de un encuentro clave para desactivar el paro de transporte público con el que amenaza el sector.

La Cámara Baja rechazó hoy el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley que plantea incluir entre los exceptuados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a “los servicios de transporte público de pasajeros nacionales, ya sean urbanos, metropolitanos o de corta, media y larga distancia”. Definirá el Senado.