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Con toda soberbia, el oficialismo ha estado empeñado en desacreditar las manifestaciones pacíficas de miles de estudiantes universitarios de diversos puntos del país, que exigen la derogación de la ley sobre el Hambre Cero, en la que se incluye una norma que modifica otra relativa al Arancel Cero para que la gratuidad en las universidades públicas y en otros centros de enseñanza superior sea financiada con recursos del Tesoro, fondos que no podrían ser reducidos ni reprogramados. Quien funge de presidente de la República afirma que los movilizados, que ejercen un derecho constitucional, son una “minoría ruidosa”, a la que se sumarían los medios de prensa que no lo apoyaron en las elecciones del 30 de abril de 2023.
Es evidente que calificar de tal modo a los manifestantes no supone rebatir sus argumentos ni las dudas existentes sobre el financiamiento de la gratuidad ni mostrar predisposición alguna al diálogo, sino más bien exhibir una actitud desdeñosa y soberbia, ajena al fondo de la cuestión. Tampoco implica, desde luego, que pueda invocar el apoyo de una mayoría silenciosa, así que sus palabras bien pueden ser ignoradas por los aludidos: las objeciones estudiantiles no fueron refutadas, algo que podría haber intentado Santiago Peña si hubiera invitado a los líderes de las protestas a un diálogo sin cortapisas.
Sin mencionar sus fuentes, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) fue algo más preciso con una descalificación numérica, ya que afirmó que los descontentos “no son más de cien”, en tanto que el “erudito” diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista), suspendido por violencia verbal contra una colega, los tildó de “akãne” (tontos) y de “tavy” (ignorantes), sin entrar en más detalles que justifiquen sus exabruptos. El viceministro de Educación, Federico Mora, titular del Cones y presidente del Consejo Superior Universitario, dio a entender que un estudiante de odontología no podría manejar información de políticas públicas, como si fuera muy difícil entender que los recursos del Tesoro son fluctuantes porque provienen, sobre todo, de las recaudaciones tributarias; para no ir más lejos, el “neurocirujano” Basilio Núñez cree entenderlo, sin ser economista ni politólogo. En fin, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, finalmente se quejó de que no se aprecie el efecto de la macroeconomía en el bolsillo de la gente: “pareciera que somos estudiantes de la UNA”, sugiriendo así que la falta de comprensión y entendimiento está atado al estudiantado de la principal universidad pública del Paraguay.
Desde este palco de exabruptos y soberbia de autoridades y políticos, cualquiera sospecharía que el oficialismo está integrado por eminencias intelectuales entrenadas en universidades del primer mundo que se niegan a rebajarse a intercambiar opiniones con los estudiantes paraguayos que defienden un derecho que habría sido vulnerado por la nueva ley. Al margen de todo, cabe el derecho a pensar que si alguna de estas autoridades y políticos realmente ha cursado en alguna prestigiosa institución de enseñanza en el extranjero, pareciera que el esfuerzo no ha dado los frutos esperados.
Siempre conviene que, tratándose de una normativa importante como la hoy cuestionada, el proyecto sea oportunamente “socializado”, esto es, que sea dado a conocer a la ciudadanía y discutido, en sede legislativa, en una audiencia pública, antes de su tratamiento en las comisiones asesoras de ambas Cámaras, con la eventual participación de expertos en la materia. A la audiencia pública convocada por la Cámara Baja no asistieron el ministro de Economía y Finanzas ni los legisladores cartistas y sus aliados; en el Senado, no se realizó ninguna.
El Poder Ejecutivo creyó innecesario “socializar” su iniciativa y se topó con la resistencia de quienes serían afectados por la nueva regulación del Arancel Cero; en vez de escucharlos, de aclarar algunos puntos y de refutar o admitir sus objeciones para eventualmente efectuar los cambios o los agregados pertinentes, prefirió denigrarlos en mayor o menor medida hasta que en horas de la tarde de ayer Santiago Peña emitió un decreto con el cual reglamentó el Arancel Cero. Demás está decir que pareciera no haber escuchado a los estudiantes que durante todo este tiempo rechazaron que el método usado para garantizar dicho Arancel fuera un decreto: exigen garantías por vía de una ley.
El Gobierno debe respetar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta contra una disposición legislativa que se estima perjudicial; resulta irrelevante que los manifestantes sean o no una “minoría ruidosa”; lo que importa son las razones invocadas: para escucharlas, hay que sentarse a dialogar, sin despreciar a una parte de la ciudadanía desde el Palacio de López, desde los Ministerios ni desde el Congreso.
La actitud sugerida no implicaría una pérdida de autoridad gubernativa, sino una predisposición al intercambio de pareceres bajo el signo de la tolerancia: nada se gana descalificando a la otra parte, de entrada, con expresiones o adjetivos injuriosos, que en primer lugar desmeritan a quienes los emplean. La dignidad de un alto cargo público obliga a mantener la compostura, evitando recurrir a calificativos “ruidosos” contra quienes disienten de alguna medida estatal: las buenas maneras no se oponen a la firmeza si tras maduro examen se cree necesario sostener una medida. Además, siempre es aconsejable tratar de convencer a los interesados antes de adoptar decisiones a votazo limpio, para que su aplicación no encuentre muchas dificultades. En suma, se trata de cultivar un estilo exactamente contrario al del prepotente diputado Esgaib.