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El intendente asunceno, Óscar Rodríguez (ANR, cartista) –poblador de Lambaré–, pidió el 3 de abril a dos bancos de plaza que tengan a bien esperar que el Plan Regulador de la Franja Costera Norte permita la venta de valiosísimos terrenos municipales para cancelar en agosto los respectivos préstamos contraídos en 2023 por un valor total de 240.000 millones de guaraníes. El endeudamiento no se tradujo en inversiones físicas en provecho de los vecinos, sino en el pago de los salarios de unos nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, es decir, uno por cada cincuenta y siete habitantes; más de 1.400 de ellos trabajan, por así decirlo, en la Junta Municipal, integrada por 24 concejales.
La “reingeniería financiera” en puertas, que implicará “vender las joyas de la abuela” para mantener satisfecha a la vasta clientela enchufada en el Presupuesto, es una expresión más de un gobierno municipal desastroso, en el que las sospechas de corrupción, la ineptitud y el prebendarismo se dan la mano para atentar a diario contra la calidad de vida de los asuncenos. El año pasado, el pago de sueldos insumió el 85% de los ingresos tributarios, habiendo sido ejecutado tan solo el 13,79% de la inversión física presupuestada; estos deplorables hechos revelan que el intendente y la mayoría de los concejales no están al servicio de los vecinos, sino de sí mismos y de sus “operadores políticos”, entre otros vividores. El mal que sufren los capitalinos no es atribuible solo a la Intendencia, sino también a la Junta Municipal, que cada año aprueba nuevos préstamos para abonar los salarios y los aguinaldos de un personal en gran medida superfluo, que no ingresó tras haber demostrado sus méritos y aptitudes en un concurso público de oposición.
El intendente habló de un “déficit temporal de caja”, cuando lo cierto es que la Municipalidad –esa enorme oficina de empleos– está en permanente suspensión de pagos (default). No estaría mal que la Contraloría General de la República (CGR) dictamine acerca de la ejecución presupuestaria o de la administración de los bienes, aunque por obvias razones sea muy improbable que el Poder Ejecutivo disponga una intervención, previo acuerdo de la Cámara Baja: a los asuncenos les interesaría saber, al menos de parte de la CGR, cómo se administra su dinero.
Óscar Rodríguez adujo –extraoficialmente– que había previsto devolver los préstamos con las recaudaciones del estacionamiento tarifado y controlado, un fiasco del que fue advertido a más tardar desde que se supo que la nueva empresa líder del consorcio carecía de la experiencia requerida en el pliego de bases y condiciones de la licitación; lo recaudado no iba a servir, pues, para arreglar las plazas, las calles, las avenidas o las bicisendas ni para acelerar la construcción de un desagüe pluvial, entre otras necesidades de infraestructura, sino simplemente para cubrir las deudas causadas por una exuberante plantilla.
El intendente se queja de la evasión tributaria, pues solo la mitad de los sujetos obligados estaría al día con el pago de los impuestos, aunque la evasión, según él mismo, se haya reducido en un 60% en la última década; por otra parte, se estima que el auge inmobiliario en torno a ciertas avenidas generará este año unos 58.000 millones de guaraníes en concepto de impuesto a la construcción, así que no tendrían que faltarle tantos fondos para la inversión de capital si no fuera porque los “servicios personales” son muy costosos; aunque no sea la manera ideal de aumentar las recaudaciones, habría que multar a los frentistas que no reparan la acera y a los dueños de baldíos convertidos en basurales, pero a la vez recoger los residuos sólidos, porque la tasa de recolección solo debe pagarse por un servicio realmente prestado.
Sobre todo, hay que tener el coraje y la sabiduría de achicar notablemente el aparato municipal, en defensa de un patrimonio inmobiliario del que se pretende disponer para saldar deudas asumidas por tener que alimentar a miles de “servidores públicos” innecesarios. La venta de esos terrenos puede tener destinos mucho mejores, como los tratados en la audiencia pública del 18 de abril, que el de pagar las deudas provocadas por el prebendarismo. Óscar Rodríguez dijo que desea dejar un legado; si es así, no debe apresurarse hasta el punto de desprenderse de tal patrimonio a un precio irrisorio, sino ponerlo en condiciones para que su enajenación genere ingresos a ser invertidos exclusivamente en obras de infraestructura: las deudas derivadas del clientelismo acostumbrado deben saldarse paulatinamente con las sumas ahorradas mediante la reducción de los gastos de personal, tan indispensable para el saneamiento administrativo como la honradez y la eficiencia.
Es hora de poner fin a la práctica aberrante de pedir préstamos cada año para mantener al personal que está de más. ¿Hasta cuándo piensan el intendente y los ediles continuar con esa política financiera insostenible? ¿Qué venderán después de que se cubra el agujero de 240.000 millones de guaraníes y haya que volver a endeudarse este año para mantener a tantos funcionarios, contratados y jornaleros, que son del todo prescindibles? En el Palacete Municipal ya no cabe uno más, en tanto que los bienes del dominio público y privado municipal deben preservarse para bien de la población capitalina o, en todo caso, no malvenderlos. Se trata, en fin, de optar entre el bienestar de unos aprovechados y el de los vecinos: son incompatibles. Pero la elección no tendría que ser muy difícil si nuestros políticos comunales tuvieran aunque sea una ligera idea del bien común.