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Entre las múltiples mentiras políticas convencionales que tiene en su haber el presidente Horacio Cartes, y que han causado graves daños al país en el transcurso de su gestión como gobernante, una de las peores ha sido su promesa de que no iba a permitir que el minúsculo grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) le marcara la hoja de ruta a su Gobierno. La ciudadanía, frustrada por la recurrente inoperancia de los gobiernos anteriores en cuanto a acabar con la inseguridad instalada en el norte de la Región Oriental por la gavilla criminal, confió espontáneamente en la puntual promesa del flamante Primer Mandatario; más aun cuando este solicitó y obtuvo del Congreso la modificación de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, con el fin de emplear unidades de combate de las Fuerzas Armadas para acabar de una vez por todas con las andanzas del grupo de delincuentes, ante la manifiesta incapacidad de la Policía Nacional para restablecer el orden y la seguridad en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.
Nuestro país tiene una ley antiterrorista. Ella faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a incursionar en cualquier punto del territorio nacional para combatir a bandas criminales tipificadas como tales por la ley. El accionar delictivo del EPP se encuadra dentro de lo que la ley define como “terrorismo”. Por tanto, legalmente, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –que se desenvuelve dentro del marco operacional del Comando de Defensa Interna (CODI)– tiene una misión institucional y reglamentaria muy clara: incursionar dentro de los raleados bosques donde los forajidos tienen sus madrigueras para ubicarlos, capturarlos, o abatirlos, si se resisten.
Lamentablemente, el presidente Horacio Cartes, en su doble carácter de Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FF.AA., por alguna razón, hasta ahora no ha impartido la directiva para que la FTC lleve a cabo esa misión clave destinada a acabar con la zozobra en la que los terroristas del EPP mantienen a la población de la zona mencionada.
Es evidente y de público conocimiento que la misión asignada a la FTC por el Comandante en Jefe es solo la de hacer acto de presencia, y no la de librar acciones de combate para destruir al grupo criminal. Esta ineficaz estrategia de empleo de las FF. AA. es la misma de la que se valieron sus antecesores Fernando Lugo y Federico Franco, con idéntico nulo resultado. Si hay alguna diferencia, es que bajo el gobierno del presidente Cartes el costo en víctimas de secuestros y asesinatos, tanto de civiles como de policías y militares, así como de daños a la propiedad privada, supera a lo registrado bajo los dos gobiernos anteriores juntos: seis secuestros, con una utilidad de US$ 1.750.000 percibidos en concepto de pago por rescate; 25 personas asesinadas, entre civiles, militares y policías. Este trágico saldo se dio al paso de siete comandantes de la FTC, hasta la fecha.
El fracaso de la FTC en su lucha contra el EPP ha sumido al país en una histeria colectiva, y a las otrora gloriosas FF.AA. en una pérdida de autoestima equivalente a la que podrían haber sufrido con una derrota ante el enemigo en una guerra internacional. Es más, admirado por su heroísmo en dos guerras internacionales, el Ejército nacional está hoy conceptuado como una caricatura de lo que fue en el pasado, y esto duele al sentimiento de los paraguayos que le han tenido siempre en alta consideración.
A tal punto ha llegado la crispación de la ciudadanía ante tan bochornoso fracaso de las FF.AA. en su lucha contra la minúscula gavilla, que se ha suscitado un agrio debate nacional, con propuestas que van desde lo razonable hasta lo ridículo. Así, por ejemplo, nada menos que un ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini, ha sorprendido a la gente con la peregrina propuesta de que el Gobierno “negocie” la paz con el EPP, habida cuenta de la incapacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para combatirlo. Una opción delirante, rayana en lo ridículo, muy propia de este oscuro personaje.
Los más no proponen soluciones puntuales, aunque sí expresan preocupación por una situación de angustia a la que el próximo Gobierno tiene que dar un corte final, con una estrategia de combate consistentemente implementada, que pueda ofrecer el beneficio de restaurar la seguridad mediante la captura de los terroristas agavillados, o su eliminación en combate. Dicha estrategia no debe ser ambigua, como la implementada hasta ahora por el presidente Horacio Cartes, sino clara, permitiendo que la FTC utilice su poder de combate para derrotar al enemigo y no para hacer inútil acto de presencia en retenes y áreas ficticias de seguridad.
Dentro de esta línea de sugerencia realista se inserta la posición gremial sostenida por el presidente saliente de la Regional San Pedro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, quien se mostró contrario a la aberrante propuesta del ministro Bajac. “Ellos (EPP) no tienen ningún interés en dialogar; además, todos somos iguales ante la ley, y quienes la violen deben responder por ello ante la justicia”, dijo con acierto. Sostuvo, asimismo, en forma contundente, que “como fuerza productiva, tenemos la obligación de exigir resultados a nuestros gobernantes. No podemos permitir que el sistema político republicano sea copado por corruptos y delincuentes amparados en la impunidad”.
Una de las pésimas herencias que va a dejar el presidente Horacio Cartes a su sucesor es el flagelo terrorista del EPP. No es un problema de Gobierno menor. Los candidatos presidenciales de los dos partidos políticos tradicionales –quienes tienen mayor chance de ser electos– deben empezar a debatir este álgido problema de seguridad nacional, cuya solución espera la ciudadanía con creciente impaciencia desde hace más de una década.