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Ignorando adrede el propósito central de la ley, el pasado 10 de julio, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y el director de Aeronáutica Civil, Luis Aguirre, promovieron una acción judicial ante el Tribunal de Cuentas, 2ª Sala, integrado por Gregorio Ramón Rolando Ojeda (presidente), Arsenio Coronel Benítez (vicepresidente) y María Celeste Jara Talavera (vocal), en contra del reconfirmado dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que recomendó cancelar la cuestionada licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi.
Entre los varios hechos irregulares constatados por el organismo responsable del control de las actividades económicas y financieras del Estado se menciona la producción por parte del MOPC de un dictamen de contenido falso con el objeto de permitir que la empresa española Sacyr –consorciada con la chilena Agunsa– siguiera en carrera como única oferente, pese a sus numerosos antecedentes de incumplimiento de contratos en varios países de la región y en otras partes del mundo.
Otro punto cuestionado por la CGR es el hecho de que el MOPC omitió llamar a un concurso de precalificación de empresas antes del correspondiente a la licitación de presentación de ofertas. Objeta, igualmente, que en la licitación de marras el MOPC haya admitido en los pliegos contractuales índices de endeudamiento muy altos, lo que favoreció que empresas cuestionadas como Sacyr pudieran concursar campantemente.
Consultado sobre el ilegal atajo escogido por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y el director de la Dinac para eludir el vinculante dictamen de la CGR, el conocido abogado Theodore Stimpson respondió: “Es un quiebre del Estado de derecho el planteamiento del MOPC y Dinac. Debe ser rechazado in límine el pedido de nulidad ante el Tribunal de Cuentas. El dictamen de la CGR es un acto institucional, no justiciable, que debe ser acatado por el MOPC en el marco del proceso de APP, proceso viciado en la propia ley. En este caso, no estamos ante una resolución administrativa que vulnera un derecho preestablecido a favor de una demandante en particular, sino ante un acto institucional de un órgano constitucional extrapoder con atribuciones para emitir dictámenes de carácter vinculante en el proceso APP” (las negritas son nuestras).
Esta burda e ilegal maniobra burocrática del ministro Jiménez Gaona, secundado por su fiel escudero, Luis Aguirre, es una confirmación de la oscuridad con que ambas autoridades manejan la entrega por 30 años de la principal terminal aérea del país a una empresa con demandas por incumplimiento de contratos en su país y en varios otros. Oscuridad que no anuncia el amanecer de una APP ajustada a la ley, sino la medianoche de un contubernio entre gángsters que da pie a las denuncias hechas por los sindicatos de la Dinac en el sentido de que es el propio presidente Horacio Cartes quien está presionando para salvar “como sea” la licitación en cuestión. En tal sentido, afirman que la Dinac tiene todo preparado para la adjudicación de la terminal aérea de Luque al consorcio hispano-chileno Sacyr-Agunsa, incluido un fondo de G. 39.000 millones de su presupuesto para indemnizar a los funcionarios que serán despedidos cuando se concrete la APP.
Por su parte, el experto en planificación urbanística y aeroportuaria, arquitecto Carlos Achucarro, se ratificó en que la empresa Sacyr nunca estuvo en condiciones para participar en la licitación, habida cuenta de que tiene antecedentes de incumplimiento de contratos en España, Chile, Panamá, Colombia y varios países más. Ironizando la estratagema a que han recurrido el ministro Jiménez Gaona y el director de la Dinac Aguirre, el mencionado arquitecto expresó: “Creo que no hacía falta hacer tanto teatro, si al final jamás importó cumplir la ley de APP. ¿Por qué directamente no adjudican y dejan de darle una apariencia de transparencia que no tiene?”.
Lo que llama la atención es la desfachatez y prepotencia con que el ministro de Obras Públicas y, como él, otros altos funcionarios del gobierno del presidente Horacio Cartes están rifando los intereses del Estado, como en el caso de la ilegal concesión del predio de la Dirección de Aduanas y Puertos ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, y otros chanchullos más. A la gente le cuesta entender cómo es que estos sospechosos administradores de la cosa pública, así como los legisladores, jueces y fiscales que avalan sus trapisondas, empezando con el propio Presidente de la República, no atinan a observar lo que está sucediendo en Brasil con el escándalo de corrupción que ha consternado a la ciudadanía y sacudido a las instituciones del Estado hasta los cimientos. Es que lo que está sucediendo en el vecino país en la actualidad, guardando las proporciones, va a darse mañana en el nuestro. Los brasileños jamás habrán imaginado que presidentes de la República y ricos hombres de negocios tendrían que ir a parar a la cárcel. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo ahí, al otro lado de la frontera.
En ese orden de consideraciones, lo que está ocurriendo mueve a pensar que el importe de la coima debe ser muy alto, o muy poderosos los grupos que están detrás del proyecto de concesión del aeropuerto Silvio Pettirossi, para que el MOPC y la Dinac sigan insistiendo en contra del dictamen de la CGR, que ha demostrado la inconveniencia de la operación. En estas condiciones, resulta imposible pensar de otra forma que no sea la de sospechar que estos altos funcionarios deben estar involucrados en oscuros contubernios, como se ha hecho costumbre en la administración de las obras públicas.