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Las malas relaciones del Ejecutivo con el Congreso se originan en el hecho simple de que no se respeta la Constitución Nacional acerca de la independencia de los Poderes. Los parlamentarios quieren dirigir la administración del país, y el Ejecutivo, gobernar en el Congreso. El Poder Judicial no tiene esas pretensiones, solo espera órdenes de los otros Poderes a los que vive sometido.
Esas malas relaciones Ejecutivo-Legislativo se dieron, entre varios asuntos, por el presupuesto general de gastos. Algunos parlamentarios le culparon directamente a Cartes por no haber confiado en el vicepresidente, Juan Afara, una de cuyas funciones es precisamente la de hacer de nexo entre ambos Poderes. Afara, dijeron, tiene experiencia política y sabe moverse en estos laberintos.
El otro problema que se instaló es el de la intolerancia, propia del autoritarismo. Se volvió costumbre dejar sin empleo a un funcionario con ideas propias. No se admite el disenso.
El cambio del ministro del Interior no da signos de cambio. Y si algo hubo, es para peor. Se recordará la represión ejercida contra los transportistas que traían a los manifestantes a la plaza del Congreso para expresar su repudio por la reelección. Fue un acto vergonzoso del Gobierno a más de revelar su índole antidemocrática.
Entre estas y otras cuestiones preocupantes sobresale la intención de violar la Constitución Nacional a cualquier precio. El Gobierno ocupa todo su tiempo en forzar un resquicio por donde se dispare la posibilidad de que Cartes continúe en el Poder pese al claro y rotundo artículo 229: “El Presidente de la República y el Vicepresidente duran cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones (…) No podrán ser reelectos en ningún caso”. Se busca la posibilidad de la enmienda, igualmente prohibida para la reelección. Si los convencionales constituyentes hubiesen querido que el Presidente de la República tuviese otro mandato, les hubiera bastado, en vez de la frase “en ningún caso”, incorporar: “Podrá ser reelecto por un período más”.
El caso de Fernando Lugo es igualmente patético. En su afán desesperado por regresar al Poder, su “equipo jurídico” redactó una nueva Constitución Nacional. En esta se agrega una novedosa figura: Si el actual Presidente renuncia al cargo seis meses antes de cumplir su mandato ¡está habilitado para buscar la reelección! O sea que no están dispuestos a cumplir el artículo 229 “en ningún caso”.
El otro hallazgo del equipo de Lugo es que siendo este senador puede ser candidato a Presidente de la República. El caso es que ya fue candidato y ganó por lo que no puede volver a presentarse. Si lo hiciese y volviese a ganar sería reelegido. Si la Constitución dice “en ningún caso”, Lugo no puede hacer valer que los liberales, con Blas Llano a la cabeza, le hayan impedido terminar su mandato.
Ahora el “caso Lugo” está en la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera sea el resultado de este trámite le afectará también a Cartes. Entonces es fácil imaginarse que los ministros de la Corte estarán frotándose las manos a la espera de un reconocimiento “por los servicios prestados”, no tanto a Lugo, sino a Cartes. El oficialismo, unido al luguismo y al llanismo, enterrarán la sombra del juicio político que aletea sobre la cabeza de algunos ministros de la desprestigiada Corte.
Sería interesante conocer los fundamentos de la sentencia. En el caso improbable de ser negativa, Lugo acudirá a organismos internacionales con la esperanza de que venga de afuera la orden de que se lo habilite. ¿Qué dirá su equipo jurídico? ¿Que la Constitución paraguaya es inconstitucional? ¿Que el grupo que lo tumbó del poder ahora está arrepentido y pretende que vuelva a ser Presidente por vía del arrepentimiento?
Tenemos tantos problemas políticos que estamos en condiciones de exportarlos.
En fin, feliz 2017.
alcibiades@abc.com.py