Para mañana a las 7:30 está prevista la audiencia preliminar en la que el juez Florentín debe decidir si hace lugar al pedido de Acuña o le da trámite de oposición y envía el caso a la Fiscalía General del Estado.
La investigación fiscal comenzó a raíz de una supuesta tragada de unos G. 17.000 millones que había detectado una auditoría del Poder Ejecutivo durante la gestión de Sarubbi, entre el 2015 y 2016. El hecho se habría perpetrado a través de órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios, en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban el límite y además carecían de contraprestación.
Acuña había imputado a Sarubbi y otros involucrados, ante la existencia de indicios suficientes de la implicancia de los mismos en el millonario perjuicio. Sin embargo, al final no acusó y solicitó el sobreseimiento definitivo para lo cual alegó que no tiene más diligencias que hacer para colectar elementos de prueba.
“Considerando la imposibilidad de que se pueda colectar más elementos de convicción para fundamentar el elemento objetivo de resultado, por lo que no se podrá pasar a la siguiente etapa procesal de apertura a juicio, corresponde la desvinculación definitiva de los imputados en la presente causa”, dice en una parte del breve argumento de la fiscala para dejar impune nada menos que un presunto perjuicio de casi G. 17.000 millones, que se corroboró mediante una auditoría que había ordenado el Ejecutivo.
Después, la agente del Ministerio Público hace una definición del hecho punible de lesión de confianza, para luego decir que los fiscales tienen la obligación de ser objetivos. Resalta además que el artículo 315 del Código Procesal Penal le obliga a tener certeza para acusar a los imputados.
Esta fue toda la argumentación de Acuña para pedir la desvinculación definitiva de los imputados en el caso.
De acuerdo al informe de la Auditoría Especial del Poder Ejecutivo, se detectó que en el año 2015 la Essap realizó compras por G. 16.928 millones, sin cumplir la Reglamentación de Fondos a Rendir.
De enero a junio de 2016, se hicieron compras por más de G. 661 millones, en contravención a la Ley de Contrataciones Públicas, teniendo en cuenta falta de documentos en legajos de licitaciones, fecha del contrato anterior a la adjudicación definitiva, presentación de documentos vencidos, etc.
Es llamativo que la fiscala no haya podido obtener los elementos de prueba para llevar el caso a juicio oral.
Según fuentes judiciales, en el caso se habría dado fuerte injerencia política.