Ayer en horas de la tarde se dio a conocer el decreto por el cual el presidente Mario Abdo Benítez nombró como titular interino de la Dinac a Douglas Arturo Cubilla Silva.
Cubilla, con casi dos décadas de antigüedad en la institución, se desempeñaba como director de aeropuertos de la institución.
Con su nombramiento, Abdo Benítez dejó al frente de la institución a un leal del saliente titular Édgar Alberto Melgarejo Ginard, salpicado por diversas denuncias de irregularidades, las últimas en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
Al igual que Melgarejo, Cubilla está fuertemente ligado al exsenador colorado cartista Óscar González Daher.
El jefe de gabinete de la presidencia, Juan Ernesto Villamayor, anunció ayer en una entrevista con ABC que el Jefe de Estado aceptó el viernes pasado la renuncia de Édgar Melgarejo como presidente de la Dinac.
El político colorado anunció el jueves que dejaba el cargo ante la denuncia de un grupo de diputados por supuestas compras sobrefacturadas de tapabocas a una empresa ligada a una joven de 20 años y que meses antes había recibido otro millonario contrato con la misma institución a través de otra firma.
El fiscal Osmar Legal lideró una serie de allanamientos, tras lo cual estimó que se trata de firmas de maletín creadas solo para lucrar con licitaciones públicas. Aunque negó las acusaciones, Melgarejo no pudo desvirtuar las denuncias en su contra y pidió “tiempo” en una polémica rueda de prensa dada el jueves último.
Villamayor recordó que el presidente Abdo Benítez solicitó la semana pasada un informe a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) sobre las compras de la Dinac. Señaló, además, que la Fiscalía debe realizar su trabajo. “Veremos cuál es la irregularidad que se cometió y el delito. Lo que queremos es una aclaración de los hechos, saber qué pasó, y si está mal, ver los culpables”, manifestó.
Suspensión
El Mandatario también ordenó que todas las instituciones que compraron insumos para la lucha contra el covid-19 rindan cuentas ante la Fiscalía, la Contraloría y la Dirección de Contrataciones.
La decisión se da tras el caso Dinac.