En los pedidos de informe, el ente contralor solicita a las diferentes instituciones la nómina de ordenadores de gastos y habilitados pagadores para poder hacer públicas las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de Bienes y Renta de estos funcionarios.
Es atendiendo a la sentencia del juez Raúl Florentín que obliga a publicar estos documentos presentados por todos los funcionarios públicos y proveedores vinculados a procesos de compra con dinero público durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
El magistrado Raúl Florentín hizo lugar a la acción de amparo constitucional presentada por David Riveros, director de la ONG reAcción; y María Esther Roa, de la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados; quienes fueron representados por los abogados Natalia Glagiardone Dos Santos y Federico Legal Aguilar contra la CGR.
De esta manera, el juez penal de Garantías ordenó la publicación en la página web institucional de la CGR la publicación de las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de las autoridades y funcionarios que estén mencionados en el artículo Nº 3 de la Ley 6524/20, que declara el estado de emergencia en el territorio nacional ante la pandemia del covid-19 y también de los proveedores contratados en este marco.
La sentencia fue dada a conocer el pasado 22 de abril y ese mismo día la Contraloría publicó ya una partida de Declaraciones Juradas de alrededor de 20 altos funcionarios, pero todavía queda pendiente el cumplimiento.
Además, el ente controlar ya había solicitado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), detalles sobre procesos de compra y proveedores del Estado ligados a licitaciones en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19.
El ente contralor pide especial detalle en aquellos proveedores adjudicados en procesos ligados a la ley 6524, que decretó la emergencia sanitaria.