Cargando...
El grupo de observadores recorrió Concepción, San Pedro, Canindeyú y Presidente Hayes del 11 al 14 pasado. Se interiorizaron de la implementación de la Ley 1337 De defensa nacional y seguridad interna. El informe está basado en testimonio de pobladores y autoridades de esos departamentos. La misión estuvo integrada por 43 miembros de organizaciones, redes e instituciones de Suecia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, e insta al Estado a garantizar protección de las personas que dieron relatos y testimonios a la misión y abstenerse de someterlas a represalias.
Menciona que con el argumento de la persecución al enemigo interno (Ejército del Pueblo Paraguayo), el Estado profundizó sus prácticas represivas, a través de asignación de funciones de seguridad interna a cuerpos militares; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías. Señala que lejos de llevar la seguridad a las zonas militarizadas, se producen desarticulación del tejido social, debilitamiento de vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante.
Los entrevistados por la misión manifestaron fuerte rechazo a la concentración de tierra y masiva implementación del modelo sojero que conlleva el uso de agrotóxicos, que afectan la salud de las personas y el ambiente.
Altos niveles de pobreza
También observó altos niveles de pobreza a indigencia en las regiones visitadas y gran parte de esa población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, agua potable. Ante el reclamo de esos bienes, el Estado responde mediante la militarización, que es fuente de represión y miedo, apuntan.
Hay una alta vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la tierra. Critica la falta de cumplimiento por parte del Estado de la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. que obliga a restituirles sus tierras ancestrales.
La misión recibió relatos sobre presencia de grupos paramilitares que defienden intereses del sector agroexportador y vinculados al narcotráfico, a los que sindican como responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, y que operarían en connivencia con miembros de la fuerza pública.
Enumera una serie de derechos vulnerados por agentes del Estado por hostigamientos, detenciones ilegales y arbitrarias, agresiones físicas y verbales en desalojos, niñas y adolescentes víctimas de amenazas y de violencia sexual sin que se les preste ningún tipo de asistencia ni siquiera se investigan los hechos; ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, amenazas de procesamientos y vinculaciones con el EPP.
Sindica a la justicia de inoperante, que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las violaciones de los derechos humanos.