Inversiones en obras: situación y perspectivas

Datos de infralatam.info revelan que, en casi 15 años, la inversión pública en infraestructura económica (agua, energía, telecomunicaciones y transporte), en promedio en el país ha sido de 1,9% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto, informaciones proveídas por el Ministerio de Hacienda dan cuenta de que entre el 2016 y 2022, el promedio de inversión de la administración central ha sido de 2,7% del PIB, siendo el primer año de la pandemia, el 2020, el de una inversión récord de 3,6% del PIB.

En línea con lo anterior, la inversión en proyectos de infraestructura ha dado un salto significativo, pasando de US$ 646 en el año 2016 a US$ 1.203,3 millones al cierre de 2022.

Es de mencionar que, en la teoría macroeconómica, el efecto multiplicador dentro de la economía se refiere al impacto en el PIB real dado por el incremento en las inversiones, el gasto público o privado, entre otros vinculados. Así, el efecto multiplicador se constituye en un estimulador de la actividad económica, especialmente, en periodos recesivos.

En tal sentido, la incidencia del sector de la construcción en el PIB se ve reflejada en el comportamiento de la evolución de este componente en la economía, que genera miles de puestos de trabajo y realiza importantes apuestas en el país (compra de maquinarias, insumos, capacitación de personal, etc.).

Necesidad de inversión y financiamiento

Ante el significativo retraso en infraestructura existente en Paraguay, la necesidad de inversión anual se traduce en al menos 3% del PIB, lo que pudo alcanzarse en los últimos 4 años. Sin embargo, para el presente año, esta dinámica sufrirá una importante ralentización, debido a principalmente dos factores: complicaciones en la fuente de financiamiento y el periodo electoral.

A modo de contextualizar, previo al año 2013, la inversión física (construcciones, adquisición de inmuebles y maquinarias) no formaba parte de los principales pilares de acciones de los gobiernos, lo que permitió que las cuentas públicas gozaran, por años, de superávit, es decir, los ingresos eran mayores a los gastos y servían básicamente para mantener el aparato estatal.

Con el aumento salarial, en promedio, de 38% otorgado a los funcionarios en el 2012, se inició lo que sería un déficit estructural y, por ende, escaso o nulo espacio fiscal para impulsar las inversiones en obras, lo cual llevó a la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento. Así, los recursos captados a través de la emisión de bonos soberanos se convirtieron en el principal modelo de financiamiento entre 2014 y 2016, cuando el modelo comienza a mostrar sus primeros signos de agotamiento.

De hecho, los datos del Ministerio de Hacienda muestran cómo la composición de la fuente de financiamiento en la inversión física de la administración central experimenta una reconfiguración. Los recursos del tesoro o fuente 10 que solventaban los proyectos de infraestructura van en clara reducción, siendo claramente reemplazados por fondos obtenidos mediante la colocación de los títulos en el mercado internacional, así como por préstamos obtenidos de organismos multilaterales. La reconfiguración permitió al Estado ampliar programas sociales, financiar algunos reajustes en la planilla salarial y otros planes de Gobierno.

En los últimos años se registra una disminución en el componente del financiamiento de inversión física con bonos, debido a que los recursos son destinados, en gran medida, a la amortización de capital con organismos multilaterales. En efecto, este mecanismo comienza a ser utilizado como principal estrategia para ampliar el espacio fiscal con recursos genuinos. De esta manera, se descomprime el gasto corriente generado por el pago de capital, además de que el nivel de deuda pública no sufre aumentos significativos.

Los acontecimientos mencionados anteriormente entre los años 2019 y 2022 provocaron un aceleramiento de la deuda pública, motorizado por agresivos planes de contención económica. Con la reducción del margen, las condiciones financieras internacionales poco favorables registradas desde el año pasado hasta el presente complejizaron las posibilidades de financiamiento de las economías de todo el mundo y Paraguay no está ajeno a tal escenario.

De hecho, el Estado paraguayo arrastra una deuda con el sector de la construcción de aproximadamente US$ 300 millones.

Si bien el sector privado se mantiene en diálogo con el público para saldar la deuda, la situación requiere de una pronta respuesta, al considerar las afectaciones en toda la estructura social, financiera y económica. En palabras del presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, “existe un promedio de deuda alta, generando intereses y el sector de la construcción es un rubro que tiene volúmenes importantes de trabajo, pero posee márgenes pequeños. Cuando se tienen sobrecostos financieros, a uno le afecta muchísimo en el resultado de las obras”, expresó.

Como se ha presentado, el sector de la construcción ha sido la principal actividad dinamizadora de la economía en períodos críticos. Por tanto, continuar impulsando proyectos y planes de inversiones en infraestructura sujetos a nuevos modelos de financiamiento como el público-privado, se convierte en un desafío clave para los gobiernos, al considerar el efecto positivo que se traduce en el desarrollo y crecimiento del país.

Inversión

Promedio de inversión de la administración central fue del 2,7% del PIB entre 2016 y 2022, y en 2020 la inversión fue récord de 3,6% del PIB.

Salto

Inversión en proyectos de infraestructura dio un salto significativo, pasando de US$ 646 en el 2016 a los US$ 1.203,3 millones al cierre de 2022.