/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/6FC2Q4AGPVEEDF3XK5D66LNKCA.jpg)
Cargando...
La nueva fiscala general del Estado afronta cuestionamientos que se inician con su nombramiento. Esto es debido a que Cartes le ganó la pulseada al candidato colorado Marito Abdo Benítez y logró el acuerdo del Senado tras nombrarla el 9 de octubre del año pasado.
Quiñónez conformaba la terna con el exfiscal general Javier Díaz Verón y la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña.
La Cámara de Senadores había diferido dar el acuerdo en noviembre del año pasado y le venció de sobremanera el plazo previsto para esos casos.
Sin embargo, todo empezó a moverse de nuevo tras dos favores políticos a los que accedió la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal dio validez a la sesión “mau” de Senadores del 31 de marzo del año pasado, que pretendió la emienda constitucional a favor de la reelección de Cartes, y también rechazó objeciones contra las designaciones del senador Enzo Cardozo como integrante del Consejo de la Magistratura que elaboró la terna ganada por Sandra Quiñónez, y la del exsenador Jorge Oviedo Matto como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Tras estas jugadas, Quiñónez accedió al cargo con 10 votos del cartismo, 2 de Colorado Añetete, 1 del colorado Julio César Velázquez, 7 del PLRA, 2 de Unace y 2 de Avanza País, con lo cual hubo mayoría de 24 votos. Siete senadores que responden a Marito estuvieron ausentes.
La nueva responsable del Ministerio Público es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción con promedio 3,47. y lleva casi 20 años de carrera fiscal.
En la evaluación académica en medio del proceso de selección de la terna por parte del Consejo de la Magistratura, Sandra Quiñónez quedó entre las 60 de 100 participantes.
Además de su afinidad con el gobierno de turno, tiene el “plus” de conocer muchas intimidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a través del desempeño de su labor en la Unidad Antisecuestro. Esta dependencia es blanco de fuertes cuestionamientos debido a los constantes secuestros y golpes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que le cuesta al Estado nada menos que US$ 1.000.000 mensualmente.
Maltrecho presente
El presente de la nueva fiscala general del Estado es incierto, debido a que no solamente accedió al alto cargo en medio de negociaciones políticas y de la mano de Horacio Cartes, lo que hace presumir que este pretende su impunidad, sino que encuentra un desprestigiado Ministerio Público.
El exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón tuvo que otorgarse un autopermiso a raíz de que soporta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y también, fue muy criticado al nombrar a toda su parentela en el Ministerio Público.
Además, los audios filtrados de aprietes y negociados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dados a conocer por ABC Cardinal, confirmaron el vergonzoso manejo de los casos y el sometimiento de fiscales y jueces a intereses políticos y económicos.
De hecho, la propia Sandra Quiñónez fue nombrada en uno de los audios del exsecretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann y la suspendida fiscala Nadine Portillo. El primero, que está imputado por tráfico de influencias, cohecho pasivo y otros delitos al igual que el exsenador Óscar González Daher, advirtió en esa comunicación que la “candidata” de Cartes era Sandra Quiñónez. Su entonces jefe, González Daher, por su parte “operaba” por Díaz Verón, y Victoria Acuña “realizaba lobby a full”.
Rodrigo Quintana y UDEA, desafíos
Los desafíos para la nueva fiscala general Sandra Quiñónez tienen que ver con causas que salpican justamente a Horacio Cartes y su primer anillo, además de levantar a la desacreditada Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en baja debido a justamente los favores políticos de los últimos tiempos.
El caso del grave atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el homicidio del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, sufrió ya muchas embestidas a raíz de la evidente intención de que solo un suboficial de policía sea responsable de tamaña irresponsabilidad que terminó siendo criminal.
Hasta ahora nadie está imputado por el atraco de las fuerzas policiales, sin orden judicial.
En cuanto a Delitos Económicos, la Unidad está en un punto crítico porque quedó en evidencia el pase de factura a la directora Patricia Doria, a quien pretendió trasladar la fiscala adjunta nombrada recientemente, Alba Rocío Cantero, luego de que la misma dictaminara que correspondía la apertura de una investigación contra el entonces fiscal general, Javier Díaz Verón. Actualmente, el hermetismo, los manejos secretos de casos y la orden a funcionarios inferiores de no “ filtrar nada” a la prensa auguran un negro futuro.
De la casa
Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga (49 años) es soltera, originaria de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, hermana de la ministra Anticorrupción Soledad Quiñónez. Desde hace casi dos décadas se desempeña como agente fiscal de la unidad especializada antisecuestro y que es considerada de carrera y de la casa. Antes de ser fiscala general fue nombrada coordinadora de la Unidad Antisecuestro.
Cecilia y Pablo
Los casos emblemáticos que tuvo la primera fiscala general del Estado fueron los del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, los secuestros de Fidel Zavala, María Edith de Debernardi y el también asesinato del exintendente de Tacuatí Luis Lindstron. En su último juicio oral logró la condena de 29 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad de Vilmar “Neneco” Acosta por el homicidio del periodista Pablo Medina.
Los audios de la vergüenza
El caso de audios de aprietes y negociados desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se encuentra en plena etapa investigativa y ya surge la incógnita de si se llegará a presentar o no acusación contra el exsenador Óscar González Daher, que aparece en la lista de la ANR en el puesto número 5 por lo que volvería a acceder a una bancada en la Cámara Alta.
La investigación por tráfico de influencias, cohecho pasivo (coima) y soborno la soportan el exlegislador, su secretario Raúl Fernández Lippmann, el exsenador Jorge Oviedo Matto y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva.
Los fiscales que investigan actualmente la causa son Claudia Morys, Josefina Aghemo y Martín Cabrera. Hasta el momento, se citaron a varios fiscales y abogados mencionados en los audios, pero no se direcciona a complicar demasiado a González Daher.
Esto es así porque el expresidente del JEM, inclusive, traficó influencias a título personal, desde el teléfono de Fernández Lippmann. Los casos que comprometen tienen que ver con un pase de factura a la jueza Dina Marchuk, que “pecó” al tener la osadía de convocar a su hermano Ramón González Daher. Asimismo, pidió por el exintendente de M. R. Alonso, Walberto Zárate, con varios procesos por corrupción.
Superviaducto está en la mira
Ramón Jiménez Gaona, al frente de Obras Públicas y Comunicaciones y uno de los ministros mimados del presidente de la República Horacio Cartes, está en la mira del Ministerio Público por la construcción del “superviaducto”.
El fiscal de Delitos Económicos José dos Santos investiga la supuesta lesión de confianza y asociación criminal, caso que se inició con la denuncia presentada del diseñador de la obra, Ing. Hermann Pankow y que recae en Jiménez Gaona, y los miembros del comité evaluador de la licitación: Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión.
La firma española Isolux Corsán construyó el “superviaducto” por G. 124.210 millones, en un proceso licitatorio salpicado por irregularidades.
Al afectar directamente al actual gobierno de Cartes, surge la incógnita de si la nueva fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, apoyará la decisión del fiscal inferior si las sospechas se corroboran y toma la determinación de presentar imputación penal.
La fortuna de Javier Díaz Verón
Otro desafío actual que tiene la nueva fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, es la investigación a su exjefe Javier Díaz Verón y toda su familia, por supuesto enriquecimiento ilícito.
“La corrupción es lo más urgente. Hay que empezar limpiando la casa, no estamos exentos de eso”, dijo Quiñónez al asumir su alto cargo la semana pasada.
Aseguró que todas las investigaciones que está llevando a cabo la institución seguirán, incluyendo la denuncia en contra de Javier Díaz Verón. Sin embargo, el caso está bastante embarrado desde el inicio, debido a que la familia Díaz Verón logró apartar a los primeros tres fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción que intervinieron, Yolanda Portillo (inhibida), José Dos Santos (recusado ante la Corte) y Josefina Aghemo (apartada por su adjunta).
La fiscala Alba Rocío Cantero, ante estas circunstancias, decidió nombrar nuevos fiscales a Leonardi Guerrero y Martín Cabrera. Éste último era interino ante las recusaciones de sus colegas.
Los Díaz Verón no podrían justificar cuantiosos bienes, entre ellos un capital de G. 2.500 millones en la empresa Canto Rodado.
Atraco al PLRA y el homicidio
El presidente Horacio Cartes y su primer anillo están siendo investigados por el atropello ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la madrugada del 1 de abril del año pasado, que terminó en el homicidio del joven dirigente Rodrigo Quintana.
Luego de mucho peregrinar, la querella adhesiva logró apartar a la fiscala María Raquel Fernández, quien se negó a extender el cruce de llamadas ante comunicaciones sospechosas que saltaron en el registro telefónico del entonces Comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo.
Fernández fue suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la semana pasada y es enjuiciada por supuesto mal desempeño de funciones.
La agente no quiso pedir registros telefónicos de Cartes para “no aportar al morbo”. La querella insistió, y la Cámara de Apelaciones autorizó la diligencia que ahora es realizada por otras fiscalas, Teresa Rojas, Marlene González y Clara Ruiz Díaz.
Cartes se comunicó en 10 ocasiones con Sotelo poco antes del homicidio de Quintana, pero lo que realmente más llamó la atención fueron las asiduas conversaciones del excomandante con el empresario tabacalero José Ortiz, en 16 ocasiones, y el abogado de Yacyretá Luis Canillas (24). Todos, desde Mburuvicha Róga.
griselda@abc.com.py