fiscalia general

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público presentarán este 2023 un nuevo escenario en medio de un ambiente convulsionado y en un año en el que predominará el impacto político con motivo de las elecciones nacionales a realizarse el próximo 30 de abril. Emergen dos figuras nuevas que pueden constituir el cambio o más de lo mismo.

La activista anticorrupción Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, realizó duros cuestionamientos contra el Ministerio Público y otros operadores por la impunidad decretada en el caso conocido como “megalavado”, donde se “investigó” el origen de unos US$ 1.200 millones, que incluso, presuntamente, eran remitidos a organizaciones terroristas.

“La Fiscalía es endogámica, opaca y oscura porque no sabemos cuál es la política criminal del Estado paraguayo, y con Sandra Quiñónez esto ha empeorado”, sentenció el abogado Jorge Rolón Luna, ex magistrado judicial, quien hace poco denunció la gran cantidad de fiscales afiliados a la ANR.

El doctor Luis Escobar Faella, ex fiscal general del Estado de 1992 a 1995, reconoció que el proceso de selección para la jefatura del Ministerio Público ganó un poco más en transparencia. No obstante, añadió que “eso no significa que haya ganado en eficiencia”. Resaltó que la elección para fiscal general es “un hecho político”, por tanto, a partir del momento que el Consejo de la Magistratura se integra con miembros de la clase política “seguirá el mismo derrotero”.

Mediante una nota enviada al Consejo de la Magistratura, integrantes del Colegio de Abogados elaboraron una propuesta con cambios específicos en el proceso de selección para el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Plantean que ya no se invierta tiempo en los exámenes, puesto que los postulantes ya tienen títulos acreditados de doctorado, y más bien se centren en el buen perfil del candidato.