Ley Zavala: invasión de tierras pasó a ser un “crimen”

La invasión de tierras privadas pasó a ser tipificado como crimen y la pena para infractores aumentó -de 5- a hasta 10 años de cárcel tras la promulgación de la “Ley Zavala”. Varios sectores sociales, principalmente conformadas por campesinos, y comunidades indígenas piden su derogación.

El Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la "Ley Zavala" que tipifica como crimen la invasión de tierras privadas, por lo que los infractores se exponen a penas de 6 a 10 años.
El Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la "Ley Zavala" que tipifica como crimen la invasión de tierras privadas, por lo que los infractores se exponen a penas de 6 a 10 años.Diego Peralbo

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la “Ley 6.830″, conocida como “Ley Zavala”, que modifica el artículo 142 del Código Penal y establece una pena de hasta 10 años de cárcel a quienes invadan propiedades privadas.

La modificación de la normativa surgió en la Cámara de Senadores en agosto pasado bajo el argumento de sus proponentes del “respeto a la propiedad privada” y la casi nula capacidad de la Policía de hacer frente a las invasiones. Además, argumentan que las ocupaciones de propiedades son un “negocio” de las ONG’s y los sectores políticos catalogados de izquierda.

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La iniciativa fue planteada mediante un proyecto de ley por parte de un grupo de senadores del Partido Patria Querida (PPQ), encabezados por el legislador Fidel Zavala, y el senador colorado Enrique Riera.

El Congreso Nacional, luego de varias postergaciones de tratamiento y discusiones en el pleno, sancionó finalmente el proyecto el 29 de septiembre, tras la aprobación en la Cámara de Diputados.

En contra de la ley

El proyecto de ley tuvo sus detractores desde que se anunció que iba a se presentado ante el Congreso. Desde los propios colegas legisladores, hasta organizaciones sociales, campesinas y comunidades indígenas se pronunciaron en contra.

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Los que se oponían a la modificación del Código Penal señalan que dicha ley “criminaliza” las ocupaciones y representaría la expulsión de originarios de tierras que les pertenecen.

También acusaron que los legisladores pretendían con esta nueva normativa “blanquear” tierras e intentar “legitimar” propiedades mal habidas.

Organizaron diversas movilizaciones para presionar los legisladores de ambas Cámaras del Congreso a rechazar la iniciativa.

Incidentes durante discusión en el Congreso

Los nativos y campesinos se movilizaron contra la aprobación de la ley en distintas ocasiones en el microcentro de Asunción y también en zona de sus comunidades de origen.

La aprobación de la ley por parte del Congreso había quedado en manos de la Cámara de Diputados, luego de haber tenido media sanción del Senado.

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En la fecha del tratamiento del proyecto en la Cámara Baja varias organizaciones, principalmente las conformadas por campesinos y comunidades de indígenas, estaban instalados en las plazas de los alrededores del Congreso, mientras aguardaban la decisión de los diputados.

En la previa y tras conocerse la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, en los alrededores del Congreso se registraron incidentes entre los manifestantes y efectivos de la Policía que resguardaban la sede parlamentaria. Resultaron heridos uniformados y los movilizados, además se reportaron cuantiosos daños materiales y detenidos.

Promulgada en menos de 24 horas

El Congreso remitió el proyecto de ley al Poder Ejecutivo el 29 de septiembre, tras la aprobación de la Cámara Baja.

Abdo Benítez, en una maniobra poco común según sus antecedentes, promulgó la ley que aumenta la pena a las invasiones en menos de 24 horas de haber recibido.

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El jefe de Gabinete Civil del Poder Ejecutivo, Hernán Huttemann, justificó la premura señalando que “la decisión ya estaba prácticamente tomada”.

Ola de desalojos

Desde el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales denunciaron que tras la promulgación de la ley se produjo una “ola de desalojos”.

En menos de dos meses de vigencia de la ley, ya se ejecutaron desalojos en siete comunidades campesinas y cuatro territorios indígenas, según los datos relevados.

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Agregaron que unas 3.000 personas ya fueron expulsadas de las tierras que habitaban, teniendo que instalarse de forma precaria en las calles sin siquiera sus pertenencias.

Plantean derogación

La bancada del Frente Guasu (FG) presentó el 6 de diciembre pasado un proyecto para derogar la Ley 6.830. Entre sus principales argumentan señalan que la denominada “Ley Zavala” representa una violación de los derechos constitucionales referentes a los pueblos originarios.

Desde la Iglesia Católica, varios sacerdotes también se pronunciaron a favor de la derogación de dicha ley. La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió una carta en la que cuestionaron los desalojos a comunidades y recomendaron la supresión de la normativa.

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Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), una de las organizaciones que se movilizaron, anunció en comunicación a ABC que en el 2022 insistirán con la derogación de la “Ley Zavala”.

“Nosotros en nuestro país necesitamos que el pequeño productor tenga tierra para poder trabajar y con esta ley hicieron totalmente lo contrario. Nosotros estamos viendo esto como una injusticia. Constantemente existen las amenazas de desalojo y esta ley representa una intranquilidad para los campesinos y las comunidades indígenas”, expresó Villalba.

Indígenas

De forma paralela, comunidades indígenas organizadas, representadas por la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) se movilizaron en el Día de la Raza por el microcentro de Asunción para exigir, entre otras cosas, celeridad en los casos de superposición de tierras que los expone a los desalojos.

En reunión con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestaron su desacuerdo por la actuación del Ministerio Público contra las comunidades indígenas ante los casos de supuesta invasión de tierras.

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Varias comunidades de indígenas a lo largo del 2021 se instalaron en las plazas de la Capital y frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en Asunción, para exigir que sean devueltos a las tierras que -según afirman- les pertenecen.

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