Mario Abdo Benítez promulga ley que castiga a invasores con hasta 10 años de cárcel

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó esta mañana la ley que establece penas de hasta 10 años de cárcel a los invasores de tierras privadas, confirmó el jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann. La decisión se da un día después de la sanción en el Congreso y pese a la negativa de las comunidades indígenas y los campesinos.

Grupos indígenas siguen concentrados hoy jueves frente al Congreso Nacional.
Grupos indígenas siguen concentrados hoy jueves frente al Congreso Nacional.Diego Peralbo

Esta mañana, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la “Ley 6.830″ que modifica el artículo 142 del Código Penal y establece una pena de cárcel de hasta 10 años a los invasores de tierras privadas. El anuncio fue realizado por Hutteman junto con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa.

La normativa fue promulgada tras menos de 24 horas de haber sido sancionada por el Congreso y pese a la exigencia de veto por parte de algunos sectores políticos, campesinos y comunidades de indígenas.

Los manifestantes señalan que dicha ley “criminaliza” las ocupaciones y representará la expulsión de originarios de tierras que les pertenecen. Amenazaron con que, ante una promulgación de la ley, recrudecerían las medidas de fuerza y sitiarían la Capital.

Ayer, durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se trataba su sanción del proyecto, los manifestantes se enfrentaron a agentes de la Policía en zona del Congreso y cerraron rutas en el interior del país.

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Promulgada en menos de 24 horas

Atendiendo a la premura en la promulgación de la ley, Hutteman señaló que “la decisión ya estaba prácticamente tomada” por parte del Poder Ejecutivo. “El análisis y el estudio del proyecto ya se venían realizando con anterioridad”, sostuvo.

Por otra parte, el jefe de Gabinete explicó el alcance de la normativa y refirió que solamente se modificó el marco penal de la ley, por lo que -afirmó- seguirá siendo facultad de los jueces determinar las medidas a otorgar a aquellos que infrinjan esta ley, de acuerdo a los presupuestos procesuales.

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“Cada juez en cada caso concreto va a hacer el análisis, ya sea durante el proceso o en el momento de un juicio oral. Analizar los elementos no solamente en la comprobación de los hechos punibles en sí, sino para medir la pena”, remarcó la ministra Pérez.

Tras el anuncio de la promulgación, ya se reportaron algunos incidentes en zona del Congreso, donde están instalados los grupos sociales, campesinos e indígenas que repudian la ley.

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