El fiscal Francisco Cabrera inició las primeras diligencias para investigar la denuncia presentada contra el intendente Digno Caballero por los supuestos ilícitos de lesión de confianza, malversación de fondo público, administración en provecho propio y peculado por celebración indebida de negocios jurídicos.
El jefe comunal cartista acumula una serie de cuestionamientos, incluyendo millonarias licitaciones otorgadas a dos empresas de su esposa, la diputada Blanca Vargas de Caballero sin aparente contraprestación a la Comuna Minguera.
“Espero que el Ministerio Público y, por ende, la justicia, realice su labor sin ningún tipo de injerencia o fuerza que pudieran retorcer su real objetivo, como es el de llegar a la verdad de los hechos denunciados, a través de una investigación responsable, objetiva y conducente, que pueda, de ese modo, garantizar que las conclusiones derivada de la misma sean coherentes y, por sobre todo, convincentes, quedando así, a la altura de los hechos que hoy se hallan bajo su investigación”, indicó el abogado César Paredes, quien forma parte del grupo de jóvenes mingueros que encabezaron varias caravanas para exigir la intervención de la Fiscalía en la gestión de Caballero.
Según la denuncia presentada por ediles opositores, se detectó un supuesto faltante de G. 716.639.380 en diferentes cuentas bancarias de la Comuna en el ejercicio presupuestario de 2019. Además, una presunta malversación de G. 690 millones de los fondos de royalties y un dudoso pago de G. 32.496.156 a la cuñada del intendente Asunción, Elizabeth Vargas de Rojas, en concepto de indemnización pese a que su desvinculación de la Comuna fue por retiro voluntario.
Los denunciantes igualmente resaltaron que Caballero adjudicó nueve contratos vía contratación directa a la empresa Po Kuarahy Rese SA, perteneciente a su esposa, por un valor de G. 1.417.848.420 para compra de piedras basáltica. Sin embargo, se desconoce el destino de las roscas adquiridas por el millonario monto.
Tras la divulgación de las declaraciones juradas de bienes, se descubrió que otra empresa de la diputada también fue beneficiada con contratos municipales. Se trata de Dimafre SA que fue adjudicó con 26 licitaciones por un valor de G. 2.026 millones.
Asimismo el intendente había transferido G. 412.013.000 a la comisión “Tercera Edad Renacer”, a la comisión de “Apoyo a la Cultura y Educación Integral de Minga Guazú” y a la comisión “Ejecutiva de Instancia Territorial de Minga Guazú” sin conocerse la contraprestación, acorde a la denuncia.
El matrimonio Caballero-Vargas experimentó una asombrosa prosperidad económica tras ocupar cargos electivos. La diputada era una humilde docente y ahora es una potentada dueños varios inmuebles, una flota de vehículos y accionista de dos empresas.
“Que ninguna unidad sea en base a la impunidad y con la finalidad de blindar actos de corrupción con el dinero público”, recalcó Paredes al advertir de un eventual blanqueo del intendente minguero.
Coincidentemente tras la operación “cicatriz”, la pareja cartista Javier Zacarías-Sandra McLeod fue sobreseída de varias acusaciones por perjuicios millonarios a la Municipalidad de Ciudad del Este.