Por un lado, la Municipalidad de Presidente Franco dispuso la suspensión temporal de las actividades de la cantera Roca Negra, al considerar el riesgo que representan las explosiones en una zona urbana. A esta decisión se sumó la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), que también emitió una resolución sobre el cese temporal de las detonaciones en el lugar.
Los vecinos, que se manifiestan desde la semana pasada tras una fuerte explosión, mantienen una postura firme contra la empresa. Aseguran que varias viviendas presentan grietas y, en algunos casos, incluso el desmoronamiento de pozos.
El conflicto, que es de larga data, se agravó luego de una detonación realizada en la cantera, pese a la medida de urgencia presentada por la Comuna franqueña. Asimismo, la empresa distribuyó un afiche invitando a los vecinos a abandonar sus casas durante las explosiones para “pasarla genial” en una plaza con gaseosas y panchos, lo que interpretaron como una burla.
Tras el hecho, los pobladores reaccionaron con protestas, incluyendo la quema de cubiertas y daños en el acceso a la cantera, lo que movilizó a un importante contingente policial para evitar que la situación pase a mayores.
Los vecinos aseguran que las explosiones cada vez son más fuertes y que los fragmentos de piedra alcanzaron la calle. También hubo reportes de vibraciones en varios barrios de Presidente Franco.
Un conflicto de larga data
Desde hace años, los habitantes están en contra de canteras ubicadas en las cercanías del río Monday, dentro de un área protegida que incluye las Cataratas del Monday. Entre las empresas señaladas figuran Roca Negra, Itamí y Monday.
Existen ordenanzas municipales que prohíben la explotación en esa zona, así como la Ley Nº 4.738, que declara el área como reserva silvestre protegida y establece una franja de resguardo de 200 metros a ambos márgenes del río. Sin embargo, según denuncian, las canteras operan a distancias menores a las permitidas.
Postura de la Municipalidad
Juan Domingo Silvero, director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, explicó que la medida de urgencia adoptada responde a la necesidad de prevenir una eventual tragedia, pues el establecimiento está en zona urbana.
Indicó que la comuna negó la patente comercial a la empresa con base en la ordenanza vigente y que la decisión de suspender las actividades se fundamenta también en los riesgos generados por las detonaciones. Agregó que pese a la notificación emitida por la Municipalidad para impedir la explosión, la empresa hizo caso omiso, lo que desencadenó la reacción vecinal.
Cuestionamientos de la empresa
Por su parte, la abogada Diva Riquelme, socia de la empresa, cuestionó la resolución de medida de urgencia de la Municipalidad, calificándola de “irregular”. Sostuvo que no se realizó ningún informe técnico previo y que la Municipalidad no tiene competencia técnica en materia de explosivos, para dictaminar sobre los riesgos.
Además, argumentó que la Ley Orgánica Municipal establece que este tipo de medidas deben ser remitidas al Juzgado de Faltas en un plazo de 48 horas, lo cual -según denunció- no se cumplió.
“La medida debe levantarse porque no tiene plazo de duración y presenta múltiples irregularidades”, afirmó.