La denuncia es por los supuestos hechos de destrucción o ocultamiento documentos oficiales, destrucción o daño de documentos y eventual lesión de confianza, contra personas innominadas. La acción formal fue planteada por Antonio Arrúa, del barrio San Isidro de Presidente Franco.
Según los hechos expuestos ante el Ministerio Público, el 5 de octubre de 2026, tras la finalización del proceso electoral para la elección de autoridades municipales.
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Arrúa habría constatado un procedimiento que calificó de irregular y clandestino, consistente en la sustracción y el traslado masivo de documentos y archivos pertenecientes al acervo documental de la Municipalidad de Presidente Franco, actualmente administrada por el intendente Roque Godoy Jara (PLRA).
El hecho ocurrió pocas horas después de que los resultados preliminares confirmaran la derrota de la diputada Roya Torres, esposa de Godoy Jara, en las elecciones municipales. El candidato Arnold Ramírez (ANR-HC) resultó victorioso en los comicios.
El denunciante logró captar algunas imágenes del momento en que bolsas con documentos eran trasladadas hasta vehículos municipales. Según su relato, el operativo se realizaba mediante el uso de vehículos del Estado, específicamente una furgoneta con la inscripción «Municipalidad Pdte. Franco» y un móvil de la Policía Municipal identificado con las siglas «G.P.F.».
En las imágenes, según la denuncia, se observa a personas vestidas de civil, en coordinación con personal uniformado de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), cargando bolsas plásticas y carpetas archivadoras con documentos impresos, biblioratos y resoluciones oficiales.
Asimismo, el denunciante manifestó que, al intentar solicitar explicaciones sobre el destino de los documentos públicos, las personas a cargo de los vehículos reaccionaron con hostilidad y no brindaron información.
“Documentos muertos”
Desde la Municipalidad de Presidente Franco habían afirmado, mediante un comunicado, que los traslados se realizaron en el marco de los trabajos de remodelación, refacción y adecuación de las oficinas de la Dirección de Recaudación. Explicaron que se procedió al retiro temporal, la clasificación y la organización de materiales, mobiliarios en desuso y archivos que se encontraban acumulados y ocupaban espacios de trabajo.
La institución aseguró que los documentos en cuestión corresponden a “archivos muertos” del ejercicio 2019, sin vigencia administrativa ni contable actual, y que no forman parte del archivo institucional activo ni del acervo documental en uso de la Municipalidad. Añadió que tampoco constituyen documentos respaldatorios de ingresos, pagos o gestiones vigentes.
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“La totalidad de dichos archivos fue trasladada y resguardada en un espacio destinado exclusivamente para su custodia y conservación. La cobertura con material plástico que se observa en las imágenes es una medida de protección temporal para evitar su deterioro por polvo y humedad durante el proceso de mudanza y refacción”, señalaron desde la comuna.
Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si los documentos en cuestión fueron efectivamente preservados o si existe algún faltante en los archivos de la Municipalidad de Presidente Franco.