La prórroga fue autorizada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para evitar la caducidad del decreto, firmado el pasado septiembre por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, bajo la justificación de que las apuestas deportivas han causado un grave daño a la economía de las familias.
El polémico decreto está siendo cuestionado en los tribunales por medio de numerosas demandas judiciales, aunque el Tribunal Supremo ha paralizado todos los procesos hasta que analice la situación.
La decisión de Lula, anunciada en plena campaña electoral, causó un rechazo inmediato en el sector de apuestas y en el ámbito deportivo, puesto que la mayoría de los clubes de fútbol tenían a las plataformas de juegos de azar como sus principales patrocinadores.
Las apuestas fueron legalizadas en Brasil en 2018 durante el Gobierno de Michel Temer y reguladas formalmente en 2023 por el actual Ejecutivo.
El sector movilizó en 2025 una facturación de cerca de 220.600 millones de reales (unos 39.500 millones de dólares) a través de 85 empresas con licencia legal.