El amparo constitucional que protegió los documentos de carácter reservado de familiares y allegados del entonces presidente Santiago Peña y de la exprimera dama Leticia Ocampos sigue vigente. El juez Diego Torres explicó que concedió dicha medida porque consideró que el comunicador Hugo Javier Portillo no estaba legalmente habilitado para acceder a la información solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El amparo fue presentado en noviembre de 2025, luego de que Portillo solicitara, el 7 de septiembre de ese año, información sobre las sociedades y empresas registradas en las que los familiares del exmandatario figuraran como accionistas, socios fundadores, integrantes de directorios, administradores, representantes legales, apoderados o propietarios.
Los recurrentes alegaron que existía un peligro inminente de vulneración de sus derechos constitucionales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental. Con ese argumento, solicitaron impedir que el MEF entregara los documentos que consideraban de carácter reservado y de su propiedad.
Sin embargo, un elemento que no habría sido conocido por el magistrado al momento de resolver el caso es que parte de la información requerida ya había sido publicada en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, como resultado de una solicitud anterior.
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Juez dice que hoy buscaría divulgar los datos
Torres reconoció que, si tuviera que resolver el mismo planteamiento en el contexto actual, intentaría encontrar mecanismos jurídicos para que la información solicitada pudiera conocerse. Hizo referencia al escenario político y judicial que involucra al exmandatario, destituido e imputado tras la crisis por el procedimiento de resolución de Ueno Bank.
“Si me tocaba en esta época, ahora el 5 de noviembre del 2026, trataría de citar a las personas legitimadas para que soliciten esa información y que se dé la información. Lo que más quiere uno es aclarar, en este momento, todas las dudas que hay acerca de la familia de Peña”, manifestó.
El magistrado sostuvo que las decisiones judiciales también deben considerar el contexto en el que se producen y que el Derecho no puede desligarse de la lógica y el sentido de justicia. “El Derecho también es lógica: hay contexto en el que amerita de que se esclarezca todo y uno tiene que estar de ese lado. En el año pasado, uno no puede tener la bola de cristal y saber lo que está pasando”, expresó.
En esa línea, insistió en que, si bien los jueces deben aplicar las normas vigentes, sus decisiones también deben resultar coherentes para quienes acuden al sistema de justicia. “Si bien tengo que hacer cumplir la ley, esto tiene que ir de la mano con algo que el Derecho tiene lógica. O sea, que ustedes lo sientan como justiciable de que esto es coherente”, remarcó.
El amparo sigue vigente, pero el juez no descarta revocarlo
Torres confirmó que la resolución que concedió el amparo constitucional continúa vigente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar su decisión si alguna de las partes legitimadas u otra institución competente interviene en el proceso.
“No me cierro a ninguna alternativa, a que alguien quiera tomar intervención y veamos”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de dejar sin efecto la medida judicial.
Ante la consulta sobre si podía revocar el amparo por iniciativa propia, reconoció que procesalmente sería complicado, aunque consideró que el delicado contexto actual podría justificar la búsqueda de una herramienta jurídica que permita revisar la situación.
“Hoy por hoy, procesalmente, eso es un poco difícil. Pero no me cierro porque el contexto es muy delicado; entonces, puedo encontrar la herramienta procesal para dar viabilidad. Si por ahí toma intervención la Procuraduría o alguno de los legitimados en esta norma, podemos ver la posibilidad. No me cierro”, manifestó.
La Ley 6.446 y las personas políticamente expuestas
Otro de los puntos cuestionados al juez fue que entre los beneficiarios del amparo se encontrarían personas políticamente expuestas, condición que, por su naturaleza, implica mayores exigencias de transparencia y control en materia de prevención del lavado de activos.
Torres afirmó que analizó esa circunstancia al momento de resolver y que consideró aplicable el artículo 11 de la Ley N.º 6.446/2019 que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Según su interpretación, dicha disposición establece quiénes están habilitados para acceder a la información contenida en los registros correspondientes y atribuye competencias específicas a las autoridades encargadas de realizar las investigaciones.
“En ningún lado de la ley tampoco habla de esa alternativa. Es más, te cierra las puertas. El artículo 11, en el último apartado, te dice que la autoridad que tiene que dar esta información puede delegar exclusivamente a otras personas. Para mí iba a ser una interpretación un poco forzada en ese momento para poder dar”, argumentó.
Cuando se le planteó que esa interpretación podría entrar en conflicto con la Ley de Acceso a la Información Pública, precisamente porque los involucrados son personas políticamente expuestas, el magistrado rechazó que su decisión haya significado un incumplimiento de esa normativa.
“Entiendo que no porque hay una regla general en este tema que es que en caso de duda, hay que estar siempre a favor de dar la información. Para mí, acá no hay duda: el artículo 11 es muy claro y se establece quiénes son las personas legitimadas a pedir este tipo de información, que están almacenadas en este registro”, respondió.
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MEF no apeló el fallo del juez Torres
El magistrado también señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no presentó una apelación contra la resolución que concedió el amparo a los familiares y allegados de Peña y Ocampos.
A su criterio, aunque con el paso del tiempo puedan surgir nuevas interpretaciones sobre lo que habría correspondido resolver, la decisión debe analizarse considerando las circunstancias existentes cuando fue dictada.
“Con el diario del día siguiente uno se puede plantear una hipótesis de qué hubiera podido hacer en ese momento, pero, volviendo en el tiempo, creo que fue una decisión correcta en ese momento”, sostuvo.
Por otro lado, Torres reveló que existen otros políticos que también recurrieron a la figura del amparo constitucional para evitar que determinada información fuera divulgada y que obtuvieron resoluciones favorables. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre esos casos.