“Estamos tomando medidas contra institutos que juzgamos ineficaces o meramente funcionales a intereses políticos. El INADI es el primero de estos”, indicó Adorni detallando el proceso que, aunque se encuentra en sus fases iniciales, enfrenta obstáculos burocráticos.
Acerca del INADI, se mencionó que cuenta con alrededor de 400 empleados distribuidos en numerosas oficinas a lo largo del territorio nacional. Adorni destacó la naturaleza problemática de este tipo de instituciones: “Están gestionadas por funcionarios cuya competencia es, en muchos casos, cuestionable”.
La determinación firmemente asume que no se continuará financiando entidades que sirven como vehículos para el engranaje político o que funcionan como agencias de reciprocidad de favores políticos, especialmente aquellas con una inflada estructura jerárquica que no contribuye significativamente al bien común.
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En un informe divulgado por Clarín el último fin de semana, basado en una auditoría ejecutada por el Ministerio de Justicia sobre varias de sus dependencias, incluido el INADI, resaltó el número de empleados del instituto. Según el periodista Nicolás Wiñazki, el INADI alberga a más trabajadores que todo el sistema judicial ordinario de la Capital Federal.
Asimismo, se subraya la existencia de 45 oficinas dispersas a través del país, dentro de las cuales las rivalidades internas del kirchnerismo encuentran espacio, lo que explica en parte la distribución del personal.
La distribución es desigual; por ejemplo, mientras en toda la Ciudad de Buenos Aires solo opera una oficina central, en Villa Gesell, un municipio modesto de la costa bonaerense, existen dos enlaces.
El INADI, fundado en 1995 por una ley del Congreso, ha estado bajo la administración del Ministerio de Justicia desde 2005. Su cierre marca un punto de inflexión en la política gubernamental hacia las estructuras administrativas consideradas redundantes o ineficaces.
Fuente: Clarín