De forma unánime, la propuesta presentada el pasado 15 de enero consiguió el aval legislativo durante su segunda discusión -esta vez artículo por artículo-, en lo que ha sido interpretado por algunos expertos, entre ellos el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, como la "erradicación" de la política del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Delcy Rodríguez, que horas después rubricó el documento que recibió de manos de su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de una marcha de respaldo de trabajadores petroleros, defendió que en la ley "está la impronta del comandante Chávez" y "la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro", quien permanece detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.
El debate parlamentario tuvo lugar el mismo día en que el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez, que juró como mandataria encargada el pasado 5 de enero, conversaron en una nueva llamada telefónica.
Trump anunció la apertura de "todo el espacio aéreo comercial" de Venezuela, lo que permitirá reabrir las conexiones comerciales, interrumpidas desde noviembre del año pasado.
"Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas la aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir", expresó Rodríguez ante centenares de manifestantes que concluyeron su movilización en defensa del petróleo a las afueras del palacio presidencial de Miraflores.
Además de anunciar la reactivación de los vuelos, la Administración Trump también emitió una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con el Gobierno venezolano y PDVSA, lo que allana el camino para la operación de petroleras estadounidenses en este país y concreta las reglas del juego de esta nueva etapa comercial entre Caracas y Washingotn.
La licencia supone un viraje respecto a la política anterior en la Casa Blanca, que solo otorgaba permisos de manera individual, como el que tiene Chevron.
Sin embargo, impone condiciones como obligar a que los pagos a entidades venezolanas se hagan a través de una cuenta bancaria controlada por Washington y a que los contratos entre empresas estadounidenses con Caracas o PDVSA se rijan por leyes de EE.UU., donde también se resolverá cualquier disputa entre las partes.
También prohíbe condiciones de pago que EE.UU. considere "poco razonables" ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
El cuerpo de la reforma, conformado por 34 artículos, se amplió tras unas consultas celebradas entre el fin de semana y este miércoles, en las que participaron trabajadores del sector y representantes de petroleras como la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, ante quienes Rodríguez prometió que la reforma permitirá convertir a Venezuela en un "gigante productor".
La reforma modifica la ley promulagada originalmente en 2001 y sometida en 2006 a una modificación promovida por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.
Tras los cambios aprobados se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".
Y aunque el respaldo fue unánime, durante el debate la oposición minoritaria soltó sus cuestionamientos.
El diputado Antonio Ecarri, de la fracción opositora Libertad, criticó, por ejemplo, el aumento de las competencias atribuidas al titular del Ministerio de Hidrocarburos, con 19 nuevas funciones, según afirmó.
Horas antes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) -que no se alinea con el Gobierno ni con la oposición liderada por María Corina Machado y fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- sentenció que la reforma "desmantela" la soberanía petrolera y es un "retroceso histórico" sobre los recursos energéticos estratégicos del país.
Sin embargo, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, quien asistió al Parlamento, aseguró, en un mensaje difundido en Telegram antes de la discusión, que el proceso de la reforma "consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética".
La reforma fue promovida por la mandataria encargada después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares.