El Ministerio de Hacienda informó que el presupuesto para el 2027 alcanza los 12,4 billones de colones (unos 27.000 millones de dólares), lo que supone una disminución del 3,1 % con respecto al del 2026, y que el 40 % del dinero está comprometido para pagar deuda.
El proyecto de presupuesto prevé que la deuda continuará por encima del 60 % del PIB, al igual que ha ocurrido desde el año 2020, con excepción del 2024 cuando fue el 58,9 % del PIB. Al primer semestre del 2026 la deuda ya alcanzaba el 61,1 % del PIB.
El presupuesto también prevé un aumento de los ingresos del Gobierno, de apenas 2,3 %, y un crecimiento económico del 3,4 % para el 2026 y del 3,5 % para el 2027, a lo que se suma un déficit fiscal del 4,62 % y del 4,38 % del PIB, respectivamente para esos años.
Sobre la financiación del presupuesto, el Ministerio de Hacienda explicó que el 62,3 % corresponde a ingresos propios y el 37,7 % a de deuda.
La institución que recibirá más dinero es el Ministerio de Educación con un monto equivalente al 4,9 % del PIB, pero que en términos nominales cae un 0,7 %.
El Poder Judicial, que constantemente recibe críticas desde el Poder Ejecutivo verá su presupuesto bajar un 1,9 %.
Durante el actual Gobierno de Laura Fernández y en el de su antecesor y mentor Rodrigo Chaves (2022-2026), quien ahora ejerce como ministro de Hacienda y de la Presidencia, el Poder Judicial ha sido señalado constantemente por el Ejecutivo, que le culpa de liberar a los delincuentes y de ser responsable por el aumento en el narcotráfico y la violencia asociada a ese fenómeno.
Para el Ministerio de Seguridad también habrá una reducción presupuestaria, del 1,7 %, y para el de Justicia la bajada será del 2,5 %.
Entre las pocas instituciones que verán incrementado su presupuesto en 2027 se encuentran el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia, el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y el de Salud.
El Ministerio de Hacienda exhortó al Congreso a aprobar leyes dirigidas a eliminar exoneraciones fiscales, fortalecer herramientas para combatir el contrabando, reducir el tamaño de instituciones, recortar gastos en alquileres y pensiones "de lujo", revisar transferencias a universidades públicas y municipios, y aprobar financiación en mejores condiciones de tasas de interés y plazos.