La Justicia Federal de la Argentina procesó a ocho acusados por el ataque a la sede de la Mutua Israelita Argentina (AMIA) de 1994, que dejó un saldo trágico de 85 muertos y más de 150 heridos. Sin embargo, en la misma resolución dictada este lunes, el juez federal Daniel Rafecas firmó la falta de mérito respecto al empresario de origen libanés y naturalizado paraguayo, Hussein Mounir Mouzannar.
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La Justicia Argentina no halló, por el momento, elementos probatorios suficientes que permitan procesarlo o sobreseerlo de manera definitiva en el marco de las pesquisas.
La decisión judicial coloca a Mouzannar, quien obtuvo la ciudadanía paraguaya en 1993 y radicó sus actividades en la zona de la Triple Frontera, en un escenario procesal de expectativa, pero que le abre la puerta para que su defensa técnica solicite el levantamiento de las medidas cautelares y la inmovilización de bienes y patrimonio que pesaban sobre sus activos en territorio paraguayo.
A diferencia de su situación, el magistrado argentino avanzó con el procesamiento formal contra exfinancieros, diplomáticos y altos mandos del régimen político de Irán y de la organización armada Hezbollah. A los mismos se les imputó por delitos imprescriptibles catalogados como crímenes de lesa humanidad y genocidio bajo el amparo de la nueva Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784).
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Un esquema trasnacional que operó desde la Triple Frontera
La reconstrucción de los hechos contenida en la resolución judicial, elaborada sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) a cargo del fiscal Sebastián Basso, ratifica la hipótesis de que el plan para volar la sede de la calle Pasteur se decidió en agosto de 1993 por las máximas cúpulas del Gobierno de Irán y fue encomendado para su ejecución operativa a Hezbollah.
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Para concretar el golpe, la agrupación armada proiraní montó una red de inteligencia, financiamiento y apoyo logístico que tuvo su base de operaciones en la triple forntera, o sea, Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Yguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina).
El fallo dio por probado que los perpetradores adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron con un potente cargamento de entre 300 y 400 kilos de explosivos (amonal y TNT) y la estacionaron el viernes 15 de julio en un garaje público a solo cuatro cuadras del objetivo.
Finalmente, en la mañana del lunes 18 de julio a las 9:53, la camioneta acondicionada como coche bomba fue detonada frente al edificio, lo que produjo la masacre.
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Entre los procesados a quienes se les traba además un embargo preventivo por 500 millones de dólares a cada uno, figuran el exministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el excanciller Ali Velayati, el excandidato y comandante Mohsen Rezai, el exagente cultural Mohsen Rabbani y el coordinador operativo libanés Salman Raouf Salman, entre otros diplomáticos y agentes.
El peso de las pruebas y la falta de mérito para Mouzannar
A la hora de desglosar las responsabilidades, la Fiscalía argentina dividió la causa en tres ejes: la ejecución del atentado, el patrocinio estatal brindado desde Teherán y la pertenencia o cooperación de redes locales afincadas en la Triple Frontera.
Bajo esa línea argumental, se consideró que la responsabilidad penal abarcó a quienes ayudaron desde la logística, el encubrimiento y el sostén financiero que hicieron posible el despliegue operativo en la región.
No obstante, al analizar de forma particular la carpeta probatoria reunida sobre Hussein Mouzannar y Abdallah Salman, el juez Rafecas concluyó que la evidencia acumulada no alcanza la certeza requerida para atribuirles una participación penal concreta dentro del engranaje delictivo que derivó en la explosión.
Por este motivo, el magistrado dictó la falta de mérito, medida que, si bien mantiene al empresario vinculado al expediente mientras avance la instrucción global, desmantela el estado de imputación formal que pesaba sobre su figura y faculta a sus representantes legales a peticionar la restitución plena de sus derechos económicos y patrimoniales bloqueados preventivamente en el país.