El parón, el mayor de estas características desde la crisis económica de 2008, ha provocado el cierre de casi todos los colegios de primaria y secundaria, así como de numerosos centros universitarios, mientras que miles de citas médicas y procedimientos hospitalarios han sido cancelados.
La movilización incluye a profesores, enfermeros, médicos, funcionarios y trabajadores de distintos servicios públicos, que han organizado piquetes en centros de trabajo de todo el país.
En el ámbito sanitario, los hospitales mantienen los servicios de urgencias y otras prestaciones críticas, aunque la actividad ordinaria se ha visto significativamente alterada.
Los servicios de ambulancias operan con limitaciones, si bien los médicos de cabecera y las farmacias continúan atendiendo a los pacientes.
La huelga también afecta a la administración de Justicia, con la cancelación de prácticamente todas las vistas judiciales, salvo determinados procedimientos urgentes.
El conflicto enfrenta a los sindicatos del sector público con el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, por las condiciones para negociar un nuevo acuerdo salarial, después de que el anterior expirase a finales de junio.
Las organizaciones sindicales reclaman que las conversaciones comiencen con compromisos concretos sobre las subidas salariales y mecanismos que protejan el poder adquisitivo frente a la inflación y el alza del coste de la vida.
El Gobierno, por su parte, sostiene que las negociaciones deben abordar también la productividad, la modernización de los servicios y los cambios en las condiciones laborales, y rechaza que los sindicatos impongan requisitos previos al inicio del diálogo.
El ministro de Gasto Público, Jack Chambers, ha instado a las organizaciones sindicales a retomar las conversaciones y evitar nuevas interrupciones en los servicios esenciales, ya que han anunciado una segunda jornada de paro para el próximo 21 de octubre si no hay acuerdos.