El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dio estas cifras este martes en una entrevista con el canal BFMTV en la que subrayó que se ha dado “una respuesta penal muy fuerte” a la violencia, ya que 1.820 personas fueron llevadas directamente desde su arresto a ser juzgadas por un Tribunal Correccional.
Los tribunales han tomado decisiones de encarcelamiento para 404 de ellas, pero han acabado ingresando en prisión 329 porque en algunos casos se han formalizado recursos que han tenido un efecto suspensivo.
Darmanin explicó que entre los arrestados un 95 % son hombres y sólo un 5 % mujeres; dos terceras partes tienen entre 18 y 25 años; un 30 % son extranjeros; y en la mitad de los casos, tenían antecedentes judiciales.
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El ministro se esforzó en separar las protestas de estos tres últimos fines de semana del movimiento de los estudiantes que comenzó en septiembre y que ha dado lugar a 7.000 detenciones, en gran medida menores, pero que se han traducido únicamente en tres encarcelamientos provisionales, y en los tres casos de mayores de edad.
Una diferencia que vinculó con las consignas que ha dado a los fiscales para una y otra protesta.
Las manifestaciones de los fines de semana han sacado a la calle a cientos de miles de personas para defender las reivindicaciones de los estudiantes, pero también para protestar por la carestía de la vida y denunciar las políticas del Gobierno.
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Algunas de ellas degeneraron en enfrentamientos con la policía, ataques contra edificios públicos o saqueos de tiendas, en particular el 17 de octubre, cuando se contabilizaron unos 3.000 comercios vandalizados.