Federico Perazza, embajador que representa al gobierno de Uruguay en nuestro país, fue convocado por la Cancillería para responder algunas preguntas en relación con la presunta fuga de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán a tierras uruguayas.
Según fuente oficial de la Cancillería, el diplomático ya se encuentra en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero aún no se brindan trascendidos de la reunión, por lo que se desconocen las explicaciones que el embajador ha brindado sobre nuestros compatriotas fugitivos que, supuestamente, se estarían ocultando en la República Oriental del Uruguay.
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El solo hecho de que se reúnan es un paso muy importante, teniendo en cuenta que ayer se difundió la información oficial vía Interpol Uruguay, que comunicó que los fugitivos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán “eran susceptibles de ser localizados en Uruguay”. Utilizan el término “susceptibles de ser ubicados”, por una cuestión de rigurosidad y protocolo, que no les permite asegurar tajantemente que los prófugos por secuestro estén en su país.
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Según información proporcionada por la Cancillería, la reunión ya habría culminado poco después de las 10:00 de este martes, pero al salir, el embajador evitó emitir declaraciones. No obstante, prensa de la Cancillería anunció que emitirán un boletín de prensa en el transcurso de la mañana para precisar a qué acuerdo se arribó con el embajador, de manera a encontrar caminos diplomáticos que nos permitan la pronta extradición de los prófugos por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
Recordemos que ayer lunes, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor dijo que Brasil no dio ningún tipo de explicación sobre la desaparición de Arrom, Martí y Colmán, justo en un momento en el que, en teoría, ya era un “mero trámite”, la extradición de los prófugos para rendir cuentas ante la Justicia paraguaya.
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Lo único que se sabe es que no salieron por ninguna frontera oficial y que no hay registros de su traslado, por lo que habrían salido ilegalmente.
Además, Villamayor reveló que “hay un fuerte lobby” de ciertas corrientes políticas que abogan por casos como el de Arrom Martí y Colmán, alegando “defensa de derechos humanos”.