La representante del Ministerio Público realizó este pedido de imputación contra el jefe comunal colorado y a los funcionarios administrativos Julio Vera, Miguel Santos Barros y Virgilio Ocampos. Se habla de un daño patrimonial cercano a los G. 400 millones contra las arcas de esta institución, según refirió la fiscala.
Según la profesional, se habrían realizado algunas obras y prestación de servicios, como fumigación en instituciones educativas del distrito, pero solo en los papeles, ya que en la realidad se pudo evidenciar que no hubo tales trabajos.
El daño patrimonial corresponde al periodo fiscal 2016. Entre tanto, los del 2017 y 2018 previamente deben ser auditados por la Contraloría General de la República, refirió Victoria Acuña. La investigación fiscal sostiene que no se pudo comprobar complicidad de concejales en la administración de estos recursos, por lo que no existen ediles imputados. Finalmente, la representante del Ministerio Público solicitó medidas alternativas contra el intendente y los demás funcionarios imputados.