La denuncia específicamente apunta a la creación de una nueva finca que fue generada a través del expediente N° 11839/20, de fecha 17 de septiembre, redactada por la funcionaria Ana Benítez Schulz, presentando la finca como inactiva, sin cotejar los títulos de Laguna S.A. y Principado Agropecuaria S.A., “solo para justificar las invasiones ilegales de los indígenas a propiedades perfectamente documentadas y registradas en el Dirección General de los Registros Públicos”, según el abogado Diego Troche Rubbiani, representante de las firmas mencionadas.
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En respuesta a la publicación hecha por ABC Color, el Indert aclaró que “los informes técnicos emanados de la Dirección del Sistema de Información Agraria (SIGA) se basan en datos proveídos por el Servicio Nacional de Catastro (SNC), que es la instancia técnica a nivel país para el registro de tierras de toda la república”.
Agrega el comunicado que en tal sentido la funcionaria responsable de la dirección obró en el marco de dicha información técnica, por lo que rechaza la denuncia y adelanta que todos se ponen a disposición del Ministerio Público “para colaborar en cualquier requerimiento sobre el tema”.
Según la denuncia, dicho documento de contenido falso se está utilizando por el propio presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Edgar Olmedo, y personas extrañas a la institución, con el indisimulado fin de alentar a indígenas y extraños a invadir propiedades privadas.
En efecto, tanto las tierras de Laguna SA (4.642 hectáreas) y de Principado SA (3.866 hectáreas) están actualmente ocupadas por indígenas. Incluso, según las denuncias obrantes en el Ministerio Público, unas 1.500 hectáreas de tierras mecanizadas ya fueron arrendadas a brasileños por los caciques de la comunidad denominada Y’apo.
ABC Color recogió la versión de la funcionaria Ana Benítez Schulz, quien tras ser consultada de por qué no cotejó los títulos que poseen las firmas denunciantes a la hora de originar un expediente, respondió que es imposible ante tantos expedientes que se recibe diariamente en su dirección.
Los representantes de las firmas agropecuarias afectadas por la constante invasión de sus tierras afirman, sin embargo, que todo forma parte de una gran mafia que pretende despojar a los productores de sus tierras, utilizando a los indígenas, contra quienes la justicia teme actuar.