En el escrito presentado por el abogado Diego Troche Rubbiani, representante legal de las firmas mencionadas, se sindica a la funcionaria Ana Benítez Schulz de ser supuestamente la responsable de redactar y generar el expediente N° 11839/20, el 17 de septiembre del año en curso, utilizando datos falsos y ocultando la realidad de los registros públicos.
La funcionaria habría dado origen a una nueva finca mencionando datos del Servicio Nacional de Catastro (SNC), con superficie que afecta la reserva Mbaracayú, en el distrito de Corpus Christi, presentando la propiedad como inactiva, y además sin considerar los títulos de las firmas mencionadas que se encuentran en los registros públicos.
“La finca N° 1581, la cual aparece como situación inactiva. Esta dirección no cuenta con datos de títulos patrimoniales adquiridos por el Indert en la zona”, reza el documento generado.
“Que dichas afirmaciones son falsas, han consignado una nueva finca falsa para lograr el estado de inactividad y tienen como único propósito la justificación fraudulenta de una invasión de personas indígenas apañada ilegalmente por el Indi”, afirma la denuncia.
Se hace constar que las firmas Laguna SA y Principado Agropecuaria SA son propietarias de los inmuebles individualizados como finca N° 2910, padrón N° 3366 con 4642 hectáreas del distrito de Corpus Christi, y la matrícula N° SO53346 padrón 4235 con 3846 hectáreas en el distrito de Corpus Christi perfectamente amojonados y mensurados conforme al título de propiedad y mapas georreferenciados que se acompañan, los cuales se encuentran registrados respectivamente en el Dirección General de los Registros Públicos.
La denuncia agrega que dicho documento está circulando y expuesto públicamente en audiciones radiales por el presidente del Indi, con el indisimulado fin de alentar a indígenas y extraños a invadir propiedades privadas.
Finalmente, se solicita la copia autenticada del expediente N° 11839/20, informe al titular del Indert sobre el mismo, las declaraciones del titular del Indi y los funcionarios Gerardo Martínez, Guzmán Ojeda, Carlos Balbuena y un tal Antonio, quienes tendrían conocimiento relacionados al caso, de manera a procesar a los verdaderos responsables.
Por su parte, la funcionaria Ana Benítez Schulz dijo que su departamento es de análisis técnico y que los informes están basados en los datos de Catastro. “Nosotros analizamos de acuerdo a los datos que tenemos disponibles y solamente informamos lo que nos proporciona Catastro Nacional. En todo caso, sería Catastro quien deba actualizar”, afirmó.
A la consulta de si no maneja los títulos que posee las firmas denunciantes, dijo que justamente ese es el trabajo de Catastro Nacional: mantener actualizados todos los datos de títulos patrimoniales. “Nos manejamos con los datos que tenemos, prácticamente es imposible conocer todo el territorio nacional, acá nos llegan expedientes por docena”, añadió.