Villamayor “encuentra” más documentos y los expone para tratar de justificarse ante escándalo Petropar-PDVSA

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, pidió que su participación en el cuestionado caso PDVSA-Petropar sea juzgada con base en los documentos que expone, en relación a una eventual interpelación ante la Cámara de Diputados. Indicó que ya se encuentra “de salida de todo”, por lo que no aspira a ningún beneficio económico o político. Igualmente, volvió a negar que conocía a Sebastián Vidal, abogado de un familliar de Mario Abdo Benítez, quien iba a recibir una millonaria comisión en caso de concretarse el acuerdo entre ambas petroleras.

Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, en estudios de ABC AM 730, respondió consultas sobre cuestionado caso PDVSA.
Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, en estudios de ABC AM 730, respondió consultas sobre cuestionado caso PDVSA.

El jefe de Gabinete Civil y exministro del Interior habló con ABC Color sobre el escándalo internacional por un preacuerdo referente a una deuda entre Petropar y PDVSA. Este supuesto “arreglo” fue conocido gracias a una publicación en el medio estadounidense The Washington Post y establecía que Sebastián Vidal, el abogado de un familiar del presidente Mario Abdo Benítez, recibiría por comisión unos US$ 26 millones, un punto del pacto que fue muy cuestionado.

En estos días, surgió una publicación periodística en la que se asegura que Javier Troconis, el comisionado para tratar los activos de Venezuela en el exterior designado por el gobierno -reconocido por nuestro país- de Juan Guaidó, contradecía a Villamayor en una conferencia ante la Asamblea de su país, pues indicaba que no conocía a Vidal hasta que se reunieron en el Palacio de Gobierno del Paraguay. El jefe de Gabinete había dicho que los representantes de la nación bolivariana se debían haber relacionado mucho antes a estas negociaciones, pues el abogado ya trabajaba para PDVSA desde hace varios años atrás.

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Con respecto a la publicación, Villamayor indicó que la declaración de Troconis es previa a su descargo de ayer ante los medios. Por ello, aseguró que él es quien contradice al comisionado venezolano.

“La declaración de Troconis es de octubre del año pasado (2020), la mía se publica en enero de este año. Eventualmente, el que le contradice a él soy yo”, expresó.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete ratificó que no conocía a Vidal hasta que se reunieron en el Palacio de López para negociar sobre el acuerdo planteado. Asimismo, volvió a negar que sabía que el abogado trabajaba para un familiar de Abdo Benítez, pese a que estaba al tanto de la relación entre el Presidente y su cercano.

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Además, presentó una carta con fecha de 1 de noviembre del 2019 con el cual sugiere que el comisionado venezolano aprobó el contrato de los servicios del profesional del derecho. Lo llamativo del documento es que aparece con data de unos días previos a la reunión entre los representantes de PDVSA y el jefe de Gabinete que se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2019.

“Sebastián Vidal es abogado de PDVSA desde el año 2012. Fue contratado por Hugo Chávez. El presidente Abdo habló con Guaidó. No habló con Vidal, ni tampoco con Troconis. Por supuesto que sé la relación entre Carlos Abdo y el Presidente de la República. Es su primo”, sostuvo.

Troconis había indicado también ante la Asamblea de su país que el arreglo se basó en una propuesta planteada desde el Paraguay. No obstante, Villamayor asegura que el comisionado venezolano es quien se presenta con un borrador de acuerdo en la reunión en el Palacio de López, que estaba fundamentado en lo planteado por nuestro país en el 2016.

Villamayor detalló que las negociaciones se basan a un acuerdo suscrito entre Petropar y PDVSA para la adquisición de combustibles que data del período de Nicanor Duarte Frutos como presidente de nuestro país. Añadió que desde aquel convenio surgieron dos reuniones en las que nuestro país reconoce una deuda existente de más de US$ 265 millones en el marco de la compra de combustibles.

Seguidamente, señaló que, tras el reconocimiento de la deuda, en el 2016 el Paraguay planteó un acuerdo al país bolivariano que establecía el pago del 50% del monto total y la quita total de los intereses. Esta propuesta fue la que se aceptó y luego se transformó en un borrador de acuerdo que trajeron los representantes venezolanos.

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Volvió a recalcar que el acuerdo no fue suscrito debido a que se trata de un arreglo extrajudicial y que no se establece en el marco del proceso tras la demanda que se lleva a cabo en un Tribunal de Comercio de París. Igualmente, señaló nuevamente que la falta de legitimación del gobierno de Juan Guaidó en el derecho internacional fue una de las dificultades para concretarse el pacto.

Entretanto, Villamayor solicitó que sea juzgado con base en los documentos de supuesto contenido oficial y no en relación a sus palabras. Así también, refirió que no pretende beneficios económicos ni políticos porque ya se encuentra de “salida a todo”.

Desde la Cámara de Diputados se planteó el pedido de tratar una interpelación del jefe de Gabinete en una sesión extraordinaria, que será analizado en una reunión de la Comisión Permanente del Congreso. Al respecto, el exministro del Interior señaló nuevamente que debe ser juzgado en base a los documentos. Además, manifestó que solo es necesario la invitación para que asista ante los legisladores y no necesariamente una convocatoria formal.

“Basta que me inviten. No hace falta ni que se reúnan. (...) Me niego a creer que la irracionalidad haya ocupado todos los espacios de poder. Quiero que se juzguen los hechos a través de los documentos”

Finalmente, la cuestionada autoridad de Presidencia manifestó que el acuerdo propuesto por nuestro país representaba un ahorro de más de US$ 160 millones. Por ello, enfatizó que un beneficio de esta magnitud para el Paraguay no puede ser opacado “porque alguien no confía en Juan Ernesto Villamayor”.

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Un cuestionado manejo secreto

Diversos sectores de nuestro país criticaron a Villamayor debido al secretismo en el que se llevaron a cabo las negociaciones que iniciaron a finales del 2019, pues si no fuera por la investigación y, posterior, publicación de The Washington Post no se hubiese sabido de la gestión.

Cabe destacar que el jefe de Gabinete había dicho, en un principio, que no se sentía obligado a informar respecto a acuerdos no concretados, aunque luego reconoció su error de comunicación que lo llevó a la crisis en la que está expuesto.

Otra de las cuestiones que llama la atención de parte de la participación del exministro del Interior en las negociaciones es que cuando se supo sobre el intento de acuerdo, Villamayor tenía dificultad para hallar los documentos; sin embargo, ahora los expone para justificar su actuación. Así también, se critica que -según las investigaciones- existen dos borradores de propuestas, pero solo uno es compartido por el jefe de Gabinete, quien al parecer sigue buscando el otro texto.

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