Aseguran que Censu se aprovechó de laguna jurídica y “salvó” al Estado de millonaria pérdida

Fernández primeramente admitió que Aduanas en 2018 confirmó que Censu tuvo “conductas inescrupulosas” al importar vehículos nafteros y declararlos como flex, que tienen cero aranceles. Sin embargo, afirmó que lo que hizo cambiar de opinión a su dirección y no aplicar las multas fue que, en segunda instancia, detectaron una potencial pérdida de US$ 100 millones.

Explicó que eso se debe a que la firma Censu se valió de un decreto reglamentario que data del año 2009, que debido a una mala redacción indicaba que los vehículos flex también eran aquellos que utilizaban cierto porcentaje de etanol o la combinación con nafta “en cualquier proporción”. Explicó que según esa normativa no existían vehículos nafteros.

Agregó que ese decreto había sido modificado anteriormente para corregir el error, pero de manera “llamativa” después se volvió a “cercenar” el decreto para permitir la laguna legal que posibilitaba la evasión de impuestos.

El director de Aduanas señaló que fue el administrador Basilio Bogado el que, en primera instancia, detectó una irregularidad en el ingreso del cargamento de vehículos de Censu, el 13 de febrero de 2018. A raíz de ello decidieron imponer el pago de G. 22 millones, por los impuestos evadidos y por multa.

Sin embargo, alegó que cuando el expediente llegó a su despacho, que es la última instancia administrativa, detectaron que si se aplicaba la condena la empresa iba a ganar en la Justicia ordinaria, debido al mencionado decreto reglamentario que contaba con una laguna legal.

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Aseveró que tampoco podían sobreseer a la firma, porque las demás empresas de la Cadam estaban preparándose para reclamar el dinero que ya abonaron en regla por las tasas impositivas. “Iba a ser una derrota catastrófica para las arcas del Estado”, consideró, teniendo en cuenta que la Aduana recauda cada año unos US$ 100 millones en la importación de vehículos usados y ese iba a ser el monto que iban a tener que devolver si las firmas decidían aprovechar la misma laguna legal.

Cabe resaltar que la resolución en primera instancia, que determinaba la multa, ya se llevó a cabo durante la administración actual y muchas personas consideran “sospechoso” el cambio de opinión, más aún teniendo en cuenta que a partir de la apelación ingresa a actuar el estudio jurídico del actual jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor.

Al respecto, Fernández señaló que la multa fue aplicada por el entonces administrador de Aduanas y cuando el expediente llegó a él, como director y última instancia, detectó la potencial pérdida económica, por lo cual determinó que no se aplicaran las multas.

Por otra parte, resaltó que luego de este caso desde Aduanas impulsaron y concretaron un nuevo decreto que deja bien clara la definición de autos flex, los cuales son beneficiados con ningún tipo de arancel impositivo.

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El titular de Aduanas aseguró que no sabía que los abogados de Censu eran del despacho del jefe de Gabinete de la Presidencia y alegó que él no involucra con todos los defensores ya que tienen miles de casos en trámite. “Con toda franqueza, no sabía que eran del despacho jurídico de Villamayor”, garantizó.

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Este caso salió a luz debido a que uno de los abogados de Censu en esa causa fue Raúl Daniel Ramírez, quien coincidentemente también fue nombrado como suplente de Mónica Seifar como representante de la Presidencia ante el Consejo de la Magistratura.

Ayer Ramírez aseguró que ya no actúa en esa causa y añadió que mientras no asuma ante el Consejo, cosa que ve “poco probable”, puede ejercer sus labores como profesional del derecho sin inconvenientes.

Por su parte, esta mañana Villamayor fue consultado respecto a la intervención de su bufete de abogados en esta causa que terminó perjudicando al fisco. Rechazó que exista un conflicto de intereses en la intervención de un abogado de su estudio jurídico y aseguró que la resolución inicial fue revertida debido a razones jurídicas y no por la mediación de un profesional cercano a su figura.

ABC intentó contactar con Censu SA para obtener su versión de los hechos, a través del contacto disponible en las redes sociales, con terminación 131, pero en principio no respondían las llamadas y luego el teléfono dio apagado.