En octubre del año pasado, el abogado Raúl Ramírez fue nombrado por el presidente Mario Abdo Benítez como representante suplente del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Mónica Seifart. Su nombre pasó desapercibido hasta que ABC accedió a documentos que comprueban que forma parte del estudio jurídico del propio jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor.
Además, también se confirmó que Ramírez, en representación de Villamayor y Sergio Coscia, promovió la ejecución del laudo arbitral en concepto de honorarios profesionales por el caso de la firma Ivesur, encargada de inspecciones técnicas vehiculares en Asunción. El ministro del Interior reclama a la Comuna G. 2.656.502.011 y el ahora exprocurador, G. 1.328.251.006.
Villamayor y Coscia fueron abogados de la firma Ivesur, que le ganó a la Municipalidad de Asunción la suma de US$ 3,6 millones, en concepto de indemnización.
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Consultado al respecto, Ramírez confirmó que es abogado en esa causa, pero alegó que como solo fue nombrado como suplente ante el Consejo, no existen incompatibilidades hasta que asuma el ejercicio de las funciones.
“En el caso de que asumiera, sí tendría incompatibilidad y no podría ejercer otra profesión. Por ser suplente, uno no tiene salario, no hay ningún tipo de incompatibilidad (…) No podría poner en suspenso todo con relación a mi trabajo, no sería lógico pensar que yo fuera a dejar de trabajar o poner mi vida en suspenso hasta que por si acaso la doctora no pueda continuar, cosa que veo realmente difícil”, añadió en contacto con ABC.
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El abogado Ramírez agregó que incluso no ha tenido ningún contacto con el Consejo y que lo único que supo fue que lo designaron como suplente y nada más. “Veo muy poco probable llegar a ejercer”, enfatizó.
Por otra parte, también admitió que fue uno de los abogados de la empresa importadora de autos Censu SA, que fue investigada por evasión de impuestos por la Aduanas en 2019. Sin embargo, aseguró que dejó de formar parte del equipo defensor de la firma mucho antes de conocer el nombramiento del Poder Ejecutivo.
Cabe resaltar que en ese caso el Estado reclamaba más de G. 22 mil millones en concepto de tasas impositivas que no fueron honradas y multas. En ese caso también intervino el estudio jurídico del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor. Sin embargo, meses después, la firma fue sobreseída.
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