Más de G. 22.500 millones es lo que debía pagar en concepto de impuestos caídos y multas la firma Censu SA, luego de que Aduanas detectara posibles irregularidades cometidas en el proceso de importación de automóviles nuevos.
De acuerdo al sumario iniciado a la firma representada por Guido Juan Michelagnoli y Miguel María Michelagnoli, la misma habría cometido defraudación.
En concreto, el sumario abierto por la DNA fue porque la firma declaraba importar automóviles flex, con arancel aduanero exonerado; pero en realidad importaba vehículos nafteros, que deben pagar en promedio 20% de su precio en concepto de aranceles.
Al detectarse el caso, la DNA decidió iniciar el proceso administrativo. En primera instancia aduanera, la firma fue representada por el abogado Pedro Ovelar.
La empresa terminó perdiendo en primera instancia, pues el juez aduanero decidió sancionarla por el hecho de defraudación. Como sanción, se impuso la obligación de pagar los tributos no ingresados y las multas correspondientes, lo que en total alcanzaba unos G. 22.596 millones.
Inicialmente los impuestos que se debían abonar eran de unos G. 11.000 millones y por el tipo de irregularidad, la multa es de un 100%.
El cambio de abogado
Es entonces cuando inicia la maniobra que incluye al estudio jurídico de Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
Al verse sancionada, Censu SA decidió contratar a abogados que forman parte del estudio jurídico del ministro. Con sus nuevos representantes, presentaron una apelación ante el titular de la DNA, Julio Fernández.
El recurso fue presentado por los abogados Jaime Benítez y Raúl Daniel Ramírez González.
Ramírez González no solo es abogado del estudio jurídico del ministro Villamayor, sino que además es representante suplente del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, donde la titular es Mónica Seifart, exdirectora jurídica de la Presidencia. Seifart a su vez es representante del Consejo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Con este cambio, Censu SA consiguió que el titular de la DNA, Julio Fernández, revirtiera la sanción que se les había impuesto en primera instancia y dejó sin efecto el pago de impuestos y multas que debía realizar la firma.
Un dato no menor es que la empresa tuvo como abogado al representante suplente del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Ramírez fue designado por Mario Abdo, jefe del titular de Aduanas, Julio Fernández.