Promesa de oportunidades terminó en fatal accidente y abandono estatal

Dos fallecidos, una herida de gravedad y decenas de contusos que no tienen atención médica ni analgésicos. Ese es el saldo de un accidente ocurrido en el Chaco, cuando políticos arrearon a una comunidad indígena.

La comunidad 40 tuvo que montar una especie de hospital en un caserío precario a las afueras de Puerto Casado.
La comunidad 40 tuvo que montar una especie de hospital en un caserío precario a las afueras de Puerto Casado.

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“Justicia es lo que yo pido. Tenía un solo hijo varón y ahora ya no está”. Graciela Vera decidió romper el silencio en el que se mantuvo desde la llegada de la comitiva. Es la única mujer de la comunidad con el pelo corto y sollozaba en silencio, recostada sobre la foto de un joven vestido con equipo de fútbol.

Graciela Vera es la madre Mauro Iván Caballero Vera, un joven de 17 años que falleció el pasado 8 de febrero durante un trágico accidente vehicular ocurrido a 18 kilómetros del casco urbano de Puerto Casado, departamento de Villa Hayes.

“Somos indígenas y nadie se preocupa por nosotros”, relata Francisca Centurión, facilitadora judicial de la comunidad.

Un trágico viaje

Lo que debía ser un viaje de oportunidades terminó en tragedia. Un total de 56 miembros de la Comunidad 40 del pueblo Maskoy abordaron el pasado 8 de febrero un camión que los debía llevar hasta el casco urbano de Puerto Casado. La idea era poder asistir a una jornada de cedulación y a la vez ofrecer en el pueblo los productos de la comunidad como miel de abeja silvestre o escobas hechas a mano.

Una funcionaria de la gobernación de Alto Paraguay, encabezada por el exdiputado José Domingo Adorno (ANR), les prometió que enviarían un móvil para tras-

ladarlos. Y lo que les enviaron fue un camión de carga, casi como si de personas no se tratara, sino de cosas.

El viaje inició tranquilo, pero a mitad de camino, el conductor bajó y entregó el volante a un joven que no contaba con registro de conducir ni con experiencia manejando vehículos de gran porte. La inexperiencia y la alta velocidad terminaron en una tragedia, a 18 kilómetros del pueblo, el camión volcó.

De forma instantánea, Mauro Iván Caballero (17) falleció como consecuencia del traumatismo de cráneo que sufrió; al igual que Pablo Aquino, un hombre de 57 años.

Mauro falleció a escasos metros de su madre; quien junto a otros 50 miembros de la comunidad quedaron con heridas, lesiones y hasta fracturas. Una niña de 14 años lleva dos semanas en terapia intensiva en el Hospital del Trauma de Asunción. Un bebé de apenas dos meses de vida fue hallado a unos treinta metros del camino, expulsado por la fuerza del impacto.

Y fue apenas el inicio del calvario de la comunidad.

Fiscal no interviene

“A pesar de nuestras denuncias y pedidos, nada se hace”, señaló Francisca Centurión durante una visita de un equipo de ABC Color.

El fiscal de Puerto Casado Blas Rafael Pizzani es señalado como el responsable de la falta de investigación para esclarecer el hecho.

Más de una semana después, el fiscal no había ordenado siquiera prueba del alcotest al conductor. Tampoco fue hasta el lugar de los hechos y fueron los mismos miembros de la comunidad los que tuvieron que ir a tomar fotografías y tratar de buscar evidencia.

“La Policía nos dijo que el gobernador pidió que se le envíe copia de la denuncia que hicimos en la Comisaría antes de que llegara siquiera a la Fiscalía”, denunciaron los miembros de la comunidad.

Sin que existiera aún pericia alguna, en la carpeta fiscal hicieron figurar el hecho como un accidente como consecuencia de fallas mecánicas. “El camión venía zigzagueando a gran velocidad y pusieron que fue falla mecánica. Es indignante”, sostuvo Hermegildo Vera, líder de la comunidad.

Relataron además que hubo personas que se hicieron cargo del pago de la fianza para que el joven que conducía el camión pudiera salir en libertad ambulatoria.

“Ya no nos vamos a quedar callados en nuestro sufrimiento. Si hace falta vamos a ir hasta Asunción para denunciarle, pero ese fiscal no puede seguir acá. Vamos a estar encima para que se haga justicia”, insistió Centurión.

Sin médicos ni analgésicos

“Nos tuvieron que traer en patrulleras después del accidente porque no había ambulancia”, relata María Crispina Caballero, directora de la escuela.

El dolor en el relato se hace evidente en el quiebre de su voz.

Los enfermos llegaron hasta el pequeño puesto de salud del IPS en el casco urbano de Puerto Casado. “Ni siquiera nos tocaron para saber si nos dolía algo. Desde lejos nos preguntaban qué teníamos y esa misma noche nos soltaron”, recuerda la profesora.

En un caserío precario ubicado en el límite del casco urbano, los contusos de la comunidad 40 tuvieron que montar una especie de hospital improvisado. Allí, en el suelo de una casa que prestó otra comunidad del mismo pueblo, pusieron colchones para estar cerca del puesto de salud o del puerto, única vía de salida relativamente rápida para ciudades con hospitales de mayor infraestructura.

Uno por uno, los sobrevivientes del accidente mostraron los pedazos de trapo con los que cubrieron sus golpes. “Yo no puedo dormir en la noche por el dolor”, relató una mujer, tía de Mauro, el joven fallecido en el accidente. “Yo tengo que vender mis productos para darle de comer a mis hijos y ahora no puedo ni trabajar del dolor”, continuó la madre del joven fallecido.

No les dieron siquiera analgésicos. “Este es mi remedio”, relatan mientras muestran un poco de sal gruesa en agua, el único alivio para el dolor.

juan.lezcano@abc.com.py

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